Los sindicatos han remitido sendos escritos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reclamar que se dé cumplimiento a la subida salarial pactada con el Ministerio de Justicia que se ha visto frustrada ante el «bloqueo» de Hacienda.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han firmado los textos después de que tuviera lugar la concentración del lunes, celebrada a las puertas de Justicia entre gritos de «dimisión» para la ministra Pilar Llop.
«Los cuatro sindicatos firmantes solicitan de usted que intervenga en este conflicto y ordene restituir el contenido del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación el pasado 14 de septiembre en la Administración de Justicia», consta al cierre de la misiva, dirigida a Sánchez.
Asimismo, han reclamado el apoyo de Díaz «como máxima representante de una de las fuerzas políticas que integran el Gobierno de coaliación y teniendo en cuenta la importancia que ha demostrado conceder a la negociación colectiva».
«Solicitamos su intervención, llamando al resto de miembros del gabinete del que forma parte y a su Presidente a que prevalezca la sensatez en este desafortunado y grave incidente, y se repongan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras afectadas dándose estricto cumplimiento al acuerdo alcanzado en la mesa de negociación legalmente competente», han señalado.
ACUERDO FRUSTRADO
Los sindicatos han recordado que fueron convocados el 13 de mayo por el Ministerio de Justicia para iniciar la negociación del acuerdo salarial. Tras meses de reuniones, el 14 de septiembre, el departamento dirigido por Llop y las organizaciones sindicales más representativas del sector alcanzaron «un buen acuerdo que ha sido considerado como muy satisfactorio por la práctica totalidad del colectivo afectado».
Un mes y medio después de cerrar este acuerdo, Justicia convocó a los sindicatos para comunicarles que el Ministerio de Hacienda había desautorizado el contenido del pacto. Los firmantes han insistido en que el departamento de María Jesús Montero «era perfectamente conocedor de la existencia de la negociación, su evolución tras cada reunión y del contenido final del acuerdo firmado».
«Lo conocía porque, en su momento, no vetó la enmienda que supuso la introducción de la Disposición Adicional en el texto de la ley de presupuestos publicada en el BOE a finales del año pasado y porque, según nos han comunicado en repetidas ocasiones los representantes del Ministerio de Justicia, la comunicación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda ha sido constante», han añadido.
VEN AFECTADA LA CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO
En el marco de la misiva remitida al presidente del Gobierno, los sindicatos han subrayado que el incumplimiento de lo acordado en la mesa de negociación «afecta gravemente a la credibilidad del Ministerio de Justicia» y «ataca a la propia credibilidad de su Gobierno».
«Sin duda esta falta de credibilidad y pérdida de confianza va a afectar a la implantación de los proyectos que su Gobierno pretende poner en marcha en el marco del proyecto Justicia 2030 y a la negociación colectiva en general», han dicho al líder del Ejecutivo.
A su juicio, la actuación del equipo de Llop supone «una ofensa inaceptable a la dignidad de 15.000 empleados públicos de Justicia», que –según han señalado– tras este acuerdo «veían la posibilidad de avanzar en la homologación de las retribuciones respecto de sus compañeros de los mismos cuerpos nacionales destinados en comunidades autónomas con traspasos de gestión en materia de Justicia».
En este sentido, han explicado que este «profundo malestar» ha desembocado en la concentración del pasado lunes y en la manifestación convocada para el sábado. Y han asegurado que no descartan «una escalada en el conflicto que desemboque en medidas más contundentes».
SUBIDA SALARIAL
Según ha explicado CSIF en comunicados anteriores, el acuerdo alcanzado con Llop contemplaba una subida del complemento específico para el personal dependiente de este Ministerio –servicios centrales, Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla– para homologar sus retribuciones con las del personal dependiente del resto de comunidades autónomas con transferencia.
El sindicado ha precisado que el acuerdo que ha decaído afecta a 15.000 personas y contemplaba una subida de entre 80 y 195 euros. Tras este bloqueo, CSIF da por rotas las negociaciones con Justicia. «No se puede negociar con quien carece de credibilidad al haber incumplido lo acordado en materia de retribuciones», han señalado.
