Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado este miércoles que se respeten los derechos de los inmigrantes y refugiados que han quedado atrapados como «rehenes» en la «trampa para personas» que constituye en estos momentos la frontera entre Bielorrusia y Polonia por el «pulso» entre ambos países.
A través de un comunicado, la asociación judicial ha denunciado que «Europa está viviendo en sus fronteras del este otro episodio de utilización de personas vulnerables como arma de conflicto entre países».
«Las personas refugiadas y migrantes que se encuentran atrapadas a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia son víctimas de la utilización que hacen de ellos las autoridades bielorrusas como estrategia de una escalada en la crisis con la UE y también de la respuesta de militarización y establecimiento de una zona de seguridad en la frontera, impuesta por el Gobierno de Polonia», ha resumido.
La consecuencia, ha lamentado, es que «una vez más» se han creado «espacios opacos y sin derechos donde no tienen acceso ni los observadores internacionales ni los medios de comunicación», lo que ha propiciado que en esta crisis «los primeros derrotados» sean los migrantes, «muchos de ellos niños y niñas de muy corta edad».
JJpD ha recordado que «la respuesta de Polonia, como miembro de la UE, solo puede basarse en el respeto a las exigencias básicas del derecho de asilo y de la protección internacional contenidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE», las cuales «prohíben las expulsiones colectivas y garantizan el principio de no devolución a estados no seguros».
Así, ha exigido, en primer lugar, «que se garantice la atención humanitaria urgente a las personas migrantes y refugiadas, proporcionándoles alimentos, agua, ropa, asistencia médica y refugio provisional, para evitar que se siga incrementando el número de enfermos y muertes que ya se están produciendo en estos momentos».
EXIGE QUE SEAN TRATADOS CON «DIGNIDAD»
Ha reclamado igualmente «que se identifique a los menores de edad, dotándoles de la protección necesaria e impidiendo su expulsión», enfatizando en este sentido que la Convención de Derechos del Niño prohíbe echar a «los menores que gozan de un estatuto jurídico de protección», independientemente de su nacionalidad y de cómo hayan entrado al país.
También ha instado a asegurar «el control judicial de la legalidad de las detenciones que se practiquen dentro de las fronteras europeas, tanto de los plazos como de los derechos que asisten a las personas detenidas».
En concreto, ha demandado que «se tramiten los expedientes personalizados de cada una de las personas detenidas dentro de las fronteras europeas, aplicando los parámetros legales comunitarios que prohíben las expulsiones colectivas y garantizan la no devolución a países no seguros, sin recurrir a criterios de excepcionalidad y emergencia».
Y que, en todo caso, «se garantice el derecho a la asistencia letrada y de intérprete, recogidos en el Convenio de Ginebra sobre Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de Nueva York de 1967».
Asimismo, ve necesario «que se levante el veto y se permita la entrada a periodistas y medios de comunicación en la denominada zona de emergencia para garantizar la información sobre la situación actual».
«Consideramos imprescindible y urgente que las personas atrapadas en este conflicto en una de las fronteras de la UE sean tratadas con dignidad», ha indicado JJpD, ratificando al mismo tiempo su compromiso «con los Derechos Humanos, con las personas más vulnerables y con la proscripción de tratos inhumanos y degradantes».
