La exalcaldesa de Madrid Ana Botella testificará el próximo miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas al fondo de inversión de Blackstone en una operación en la que supuestamente no se aplicó la normativa vigente de contratación.
La declaración estaba señalada para este viernes pero se ha atrasado hasta el próximo miércoles, al igual que la testifical de varios testigos, entre ellos la consejera delegada de la EMVS en el mandato de Manuela Carmena.
Será la primera vez que se pronuncie sobre la enajenación de viviendas bajo su mandato. Botella, al igual que hicieron otros cargos del PP, se negó a comparecer en la Comisión de Investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba llamada a comparecer para abordar este asunto.
En junio de 2011, el Tribunal Supremo absolvió a Botella y a siete miembros de su equipo por la citada venta al desestimar una queja que planteó la exedil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina.
En la vertiente económica del caso, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia condenatoria y exoneró a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.
En la primera sesión del juicio, los Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS lamentaron que la exdirigente popular no se sentara en el banquillo de los acusados al considerar que tuvo «bastante responsabilidad» en la operación.
En concreto, aludían a que el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por Botella, la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado 4 ofertas de empresas. La exalcaldesa manifestó en un pleno posterior que «sólo cambiaba el propietario».
Botella tendrá que pronunciarse sobre si el Consistorio facilitó información privilegiada a las cuatro empresas concursantes (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.
