Prisiones dice que las decisiones sobre presos de ETA están «supertuteladas»

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha defendido este martes en el Congreso que todas las decisiones sobre presos de ETA están «supertuteladas» por los tribunales de justicia y que así seguirá siendo tras la transferencia de la competencia al Gobierno vasco.

«El tema de ETA no tiene nada que ver con estos Presupuestos», ha dicho en su comparecencia ante la Comisión de Interior para detallar la partida de 1.272 millones contemplada para 2022, un 2,47% más que en el ejercicio anterior. Los principales partidos de la oposición han relacionado las cuentas públicas a las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre la excarcelación de condenados de la banda terrorista.

Ortiz ha asegurado que en los tres años y cuatro meses que lleva al frente de la institución dependiente del Ministerio del Interior han recibido más 1.800 propuestas de los centros penitenciarios en relación con condenados por delitos de terrorismo, de las que un 86% han sido asumidas por la Secretaría General que dirige y las restantes rechazadas.

REVOCACIONES SON LA EXCEPCIÓN

«Todas están supervisadas por el Poder Judicial», ha continuado, asegurando que las revocaciones son «la excepción a la regla general» –citando el caso de Unai Fano, devuelto al segundo grado– de que la Audiencia Nacional apruebe las decisiones sobre progresión de grado y traslados, en el caso de etarras a cárceles del País Vasco y Navarra o cercanas a estas dos comunidades.

«La excarcelación no es un acto de la administración penitenciaria, es un acto jurisdiccional; todas las decisiones son susceptibles de ser controladas, en España está supertutelado», ha añadido, mencionando además de la Justicia al Defensor del Pueblo y al comité que vigila la prevención de torturas.

Ortiz ha ironizado al hablar del posible «olvido» de los datos que ofreció en otra comparecencia en abril y ha recordado datos de traslados, comparando los 575 de la legislaturas 1996-2004 bajo gobiernos del PP –y otros 650 de presos preventivos– con los 302 acometidos –más 10 presos preventivos– desde junio de 2018 a la actualidad, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

REBATE AGRESIONES Y PLAZAS SIN CUBRIR

En su intervención, Ortiz ha rebatido la versión de algunos sindicatos de prisiones sobre las agresiones porque las «cifras no dan credibilidad» a estas denuncias. Según él, en 2017 hubo 305 agresiones, frente a las 176 en 2020 y las 120 contabilizadas en lo que va de 2021, datos que «no admiten manipulación» porque se obtienen de los partes de incidencia que firman los trabajadores.

El responsable de Prisiones ha apuntado que en la actualidad está cubierta el 88,91% de la plantilla y que el 11% restante se hará cuando se complete la oferta de 2020 y 2021, que suma 2.193 plazas. En contraste con lo sostenido por Vox sobre la ratio de funcionario frente interno, ha recordado que en 2011 había 66.000 presos frente a 22.000 trabajadores y que en 2021 son 46.000 internos y 24.000 funcionarios.

A los funcionarios, los mayoritarios descontentos con su gestión, les ha dicho que se está a la espera de Función Pública y el Ministerio de Hacienda para aprobar la prometida ley de cuerpos penitenciarios. Los partidos de la oposición han denunciado el retraso, así como que este colectivo no figure entre los agentes de autoridad.

Ángel Luis Ortiz se ha felicitado de que la media de gasto por interno sea de 73 euros al día, «una cifra superior a la media europea», y ha contrarrestado las críticas por su «desastrosa gestión» citando el Informe Space del Consejo de Europa y otros organismos internacionales que «no piensan así». «La mayoría de datos son muy favorables», ha comentado.