La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este miércoles ante la Comisión de Igualdad en el Congreso que «no es suficiente» con decir que la explotación sexual es una violencia machista y ha llamado a la Cámara a «no mirar para otro lado» con las mujeres víctimas de esta situación y de la trata.
Montero ha hecho repaso en la Cámara baja de las líneas de trabajo de su departamento y ha recordado que los diputados tendrán que debatir en próximas semanas sobre «las mejores vías para garantizar los derechos de las mujeres en contextos de prostitución» o para «acabar con la impunidad de la industria proxeneta», ente otras medidas, que están incluidas en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, actualmente en trámite.
«Creo que hay un amplio consenso en que es el momento de dejar de mirar para otro lado con todas las mujeres que son víctimas de trata y explotación sexual en nuestro país», ha declarado ante la comisión.
En este sentido, ha señalado que «no basta con decir que es una forma de violencia machista», sino que, a su juicio, «hay que dar alternativas», y «cumplir» con todas las recomendaciones obre este tema, como la del Comité CEDAW o los grupos de expertos GREVIO y GRETA en sus informes a España.
Durante la sesión, Montero ha recibido críticas de partidos por la inclusión de la tercería locativa, que permite multar a quien se lucre de pisos y locales en donde se ejerce la prostitución, en la Ley de ‘solo sí es sí’.
CRÍTICAS HACIA LA TERCERÍA LOCATIVA
La portavoz de Junts en este debate, Pilar Calvo, ha argumentado que esta medida hace «más vulnerables» a las que se consideran trabajadoras sociales; su homóloga de ERC, Pilar Vallugera, porque su postura pasa por diferenciar la explotación sexual y el trabajo sexual cuando no hay proxeneta; y el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, porque cree que este tema necesita un debate más amplio y considera una «trampa» incluirlo en la norma sobre libertad sexual.
A estas consideraciones, la ministra ha respondido que su propuesta de ley está en sintonía con el acuerdo de Gobierno y con las recomendaciones de los organismos internacionales a España en esta materia y ha indicado que su labor al frente del Ministerio no puede esperar a que haya un debate en el Congreso en donde, ha recordado, puede haberlo siempre que un grupo parlamentario quiera a través de las diferentes iniciativas parlamentarias.
Del mismo modo, ha señalado que su pretensión «no es resolver» con esta medida el «debate histórico» del feminismo sobre la prostitución, sino «no mirar hacia otro lado» como, ha apuntado, se ha hecho «durante décadas» en el país y «proteger los derechos de las mujeres» en «extrema situación de vulnerabilidad». A su juicio, este debate «no es sobre voluntad» sino sobre «precariedad».
REFORMA LEY DE EXTRANJERÍA
Relacionado con este tema, la responsable de Igualdad en el país ha explicado que ya se trabaja en el Primer Plan de Inserción socio laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.
Además, Igualdad también aboga contra la explotación de estas mujeres «una necesaria reforma de la Ley de Extranjería» para que las migrantes víctimas de esta lacra puedan contar con la misma protección y derechos que el resto.
Según ha indicado Montero, los datos y las denuncias de las ONG y asociaciones que están en el día a día de la explotación sexual, la trata y la prostitución, determinan que «entre el 70% y 80% de esas mujeres están en situación administrativa irregular».
«Espero encontrar un consenso en este parlamento en el reconocimiento efectivo de los derechos de todas estas mujeres que han estado toda la vida en los márgenes de lo visible y de las políticas públicas», ha declarado. «Es el momento de reparar la deuda y no puede ser dando la espalda a que puedan tener una vida digna de ser vivida en nuestro país», ha añadido.
MUJERES SIN CONTRATO EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS
En su intervención también se ha referido a la Ley de Extranjería pero en un término más amplio sobre la violencia de género. En concreto, Montero a la necesidad de enfrentar este tema en relación a las dificultades específicas que sufren las mujeres en situación administrativa irregular, muchas veces empleadas sin contrato y sin derechos en el sector de los cuidados.
«No soy ingenua al respecto de las propias medidas que llevamos a cabo y señalo abiertamente de nuevo que necesitamos una reforma sobre la vigente ley de extranjería que ponga fin a situaciones de vulneración de derechos fundamentales de muchas personas en nuestro país, migrantes, en contexto de trata, explotación sexual pero también de trabajo sin derechos en el ámbito de los cuidados», ha insistido.
La ministra ha hecho, por otra parte, un repaso a otras de las medidas que se han impulsado desde su departamento, como la actualización y modernización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este sentido, ha explicado que en noviembre se presentará una guía para la actualización y mejora de los Protocolos de Coordinación y Actuación Interinstitucional dirigidos a las instituciones y poderes del Estado en base al Convenio de Estambul.
Del mismo modo, se ha referido al Plan Corresponsables que deben poner en marcha las autonomías con financiación del Estado y ha destacado los trabajos de Extremadura, Castilla La Mancha y Baleares, en esta materia. Otras, ha explicado, iniciarán labores en este sentido en este último trimestre del año.
CONTRA EL BLANQUEAMIENTO DEL NEGACIONISMO
Del mismo modo, Montero ha hecho referencia a la «normalización» y «blanqueamiento» de los discursos de odio y negacionistas de la violencia de género, advirtiendo que no es cosa de «cuatro pelagatos» a los que «da alas la extrema derecha» y los poderes «económicos» y «mediáticos».
En este sentido, ha decidido no responder en su turno de réplica a Vox porque, a su juicio, las intervenciones de este partido «rozan la violencia institucional» y son «peligrosas» y, por tanto, deben abordarse «reflexionando». Para la ministra, la postura de los de Abascal están «fuera de la democracia» y «vulneran todos los derechos fundamentales».
Desde Vox, su portavoz en este debate, Lourdes Méndez, ha asegurado que es «imposible razonar» con la responsable de Igualdad a la que ha acusado de ser «antiderechos». Con sus políticas, ha apuntado, es «imposible hablar de derechos fundamentales» porque, a su juicio, ahora son «parciales». En este sentido, se ha referido al de la libertad, la vida o la igualdad de oportunidades, entre otros, además, de asegurar que ha generado una «crisis de paternidad» y de poner en marcha medidas que van en contra de la familia.
También ha sido muy crítica con Montero la representante del PP, Margarita Prohens, quien ha señalado que las mujeres están en peor situación ahora que antes de la llegada del Gobierno y ha defendido las «políticas comprometidas» de su partido a través de enmiendas que tratan sobre la mujer rural o la corresponsabilidad y la conciliación.
En este sentido, ha criticado que Montero no haya nombrado a Galicia cuando se ha referido a las CCAA destacadas en la puesta en marcha del Plan Corresponsables, cuando, ha indicado, en esta comunidad gobernada por el PP será gratuita la escuela de 0 a 3 años desde el próximo curso. También le ha reprochado que no haya reconocido el plan de maternidad puesto en marcha por la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
En el caso de Ciudadanos, su representante Sara Giménez, ha llamado a Montero a no olvidarse de las mujeres en el rural o de impulsar la ley de Igualdad de Trato.
