El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha manifestado que está dispuesto a dar más transparencia a los padres sobre los centros educativos, como pide Vox en sus enmiendas a la Ley Maestra de Educación, pero recuerda a esta formación que la objeción de conciencia que plantean no existe.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, ha incidido en que este martes realizó un «análisis rápido de las 44 enmiendas presentadas por Vox» y considera que «algunas no son posibles de llevar adelante bien por motivos económicos o por motivos de legalidad» mientras que otras no entienden «muy bien lo que quieren decir».
En cuanto a la gratuidad de las enseñanzas nos obligatorias que proponen, Ossorio ha calculado que eso costaría 760 millones de euros al año. Además, ha incidido en que no entienden que se plantee esta gratuidad en estas etapas y, sin embargo, no en las etapas obligatorias (Primaria y Educación Secundaria).
«En Primaria y ESO habría colegios privados con un coste para las familias y en las etapas no obligatorias habría gratuidad total en todos los sitios: en los colegios públicos, en los concertados y en los privados», ha explicado. También ha puesto el foco en que esa enmienda no explica cómo se haría.
Otra de las enmiendas que les «sorprende» es la eliminación del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid porque en el Gobierno regional están «muy orgullosos» de él. Actualmente llega a 600 centros públicos y a 200 concertados.
Respecto a la Educación Especial, Ossorio ha trasladado que plantean que los alumnos con trastornos moderados o leves puedan ir a estos centros. El consejero de Educación ha hecho hincapié en que en el Ejecutivo son «firmes defensores» de estos pero para que acudan aquellos alumnos que, por su situación, precisan ser atendidos en estos centros.
A su parecer, un alumno con necesidades leve tiene «una panoplia» de recursos para atenderles. En concreto, ha desgranado que se destina para este fin un total de 350 euros al año.
En cuanto a dar mayor transparencia a los padres a la hora de elegir el centro educativo, Ossorio ha desgranado que les parece «muy bien». «Ellos lo que hacen es elevar a rango de ley lo que nosotros ya hicimos el año pasado con una resolución. Hicimos una resolución para que las familias cuando lleven a sus hijos a un centro sepan lo que se hace en ese centro. Por tanto, en esa materia todo lo que sea avanzar nos parece adecuado», ha declarado.
Por último, Ossorio ha detallado que la objeción de conciencia que se plantea en la enmienda de la exposición de motivos no sería «legalmente posible» porque esta no existe como tal en Educación.
«Un padre no puede decir que porque no crea en que el hombre llegó a la Luna que no estudien la Luna. No existe la objeción de conciencia de los padres respecto a la educación de sus hijos. Todos los aspectos currículares y complementarios el padre no tiene derecho a decir que el hijo no los estudie», ha dicho.
