La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo regional no dispuso de «información previa a los desembalses» por parte de las eléctricas, que a su juicio han realizado una «gestión inaceptable a todas luces».
Una gestión que «con la modificación de la Ley de Aguas no debe volver a producirse», ya que según ha reafirmado, se implementan «límites mensuales de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva», ha señalado Olga García.
De esta forma se ha pronunciado Olga García este jueves en la Asamblea de Extremadura, donde ha comparecido a petición de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, para informar sobre las comunicaciones que ha realizado Iberdrola a la Junta de Extremadura acerca de las actuaciones en los embalses este verano.
«¿Ustedes creen que si hubiésemos tenido información hubiésemos dado la callada por respuesta? por supuesto que no», ha aseverado la consejera para la Transición Ecológica, quien ha asegurado que en el Gobierno extremeño han estado «preocupados y vigilantes» con la situación de río Tajo en el Parque Nacional de Monfragüe, respecto a la que han solicitado los «informes preceptivos».
Además, han tomado y analizado periódicamente muestras de la calidad del agua del Tajo y han realizado un seguimiento sobre el caudal de los embalses del entorno de Monfragüe, así como sus «potenciales afecciones» a la flora y a la fauna «que aún no se han producido» y ha confiado en que «no se produzcan», ha señalado Olga García.
En su intervención, García ha explicado que la Junta de Extremadura no ha tenido conocimiento sobre los desembalses de este verano, dado que no es miembro de las comisiones de desembalse de las confederaciones ni tampoco se le ha comunicado como consecuencia de lo que establece la Ley de Pesca, al no estar previstos daños a la fauna acuícola, los cuales «no hay constancia que se hayan producido», ha dicho.
A juicio de la consejera, «la evacuación de agua en los embalses ocurrida en los últimos meses es un ejemplo de malas prácticas», tras lo que ha apuntado que el Ejecutivo extremeño ha actuado «hasta donde permiten las normas», porque son las confederaciones los organismos competentes al tratarse de cuencas compartidas.
En ese sentido, Olga García ha recordado que el RDL 17/2021, que obliga a que las confederaciones al inicio de cada año hidrológico fijen un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos, tanto en situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.
«Esta introducción de criterios de utilización racional de los recursos hídricos evitará efectos indeseados sobre la flora y la fauna», ha explicado la consejera para la Transición Ecológica, quien ha resaltado que «el Estado debe actuar para proteger los derechos de los usuarios del agua priorizando la satisfacción de las demandas de agua de la población, antes que a las actividades productivas particulares».
PETICIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN
Para garantizar esto, ha explicado que en los últimos meses se han mantenido numerosas reuniones con los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana, solicitando la interrupción de desembalses para evitar problemas en el abastecimiento de diferentes municipios y otros efectos medioambientales.
También se remitió una carta a la ministra para la Transición Ecológica con una petición formal para adoptar medidas de corrección de la gestión de desembalses, y celebró una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente para reclamarle medidas para que no se repitiese lo sucedido este verano, ha desvelado Olga García.
Respecto al impacto de estos desembalses, la consejera ha señalado que «no se tiene constancia de mortandad de peces ni de ninguna otra especie en las orillas de los embalses y ninguno de los hábitats ni especies catalogadas en el Parque Nacional de Monfragüe se ha visto afectada por los desembalses».
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
Tras la intervención de la consejera para la Transición Ecológica ha tomado la palabra la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido la dimisión de la consejera para la Transición Ecológica, Olga García, por la «imagen que está dando de este gobierno», que está «arrodillado a los intereses de las eléctricas».
Y es que, según ha lamentado De Miguel, la consejera Olga García «o vive en otra realidad o viene aquí a defender los intereses de alguien que no es el pueblo extremeño», ya que según ha reafirmado, sí han existido problemas de abastecimiento de agua y en el caso de los daños ambientales «habrá que estudiarlos».
Irene de Miguel ha criticado el «saqueo y expolio» que sufre Extremadura «verano tras verano» ya que esta situación no es nueva, pero este año «ha sido más descarado», ya que las compañías eléctricas «turbinan nuestros embalses» mientras que el precio de la luz «no deja de subir».
«Esperaba más de usted, mientras Iberdrola realiza un «robo a mano armada» a la región con los desembalses, con un «atropello medioambiental» cuyos efectos todavía siguen en el paso del río Tajo a su paso por el Parque Nacional de Monfragüe, tras lo que ha criticado que la consejera para la Transición Ecológica no haya visitado la zona y reunirse con los alcaldes de la zona.
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Fernando Baselga, ha lamentado que la «negligencia» de la consejera puede provocar que fauna de Monfragüe pueda «morir próximamente» debido a la situación provocada en el río Tajo, y ante lo que ha preguntado si ha «pedido responsabilidades a Iberdrola por los daños ecológicos».
El diputado de Cs ha criticado la «mala praxis que se está produciendo en Extremadura en todas estas cuestiones», tras lo que valorado que se hayan aprobado caudales mínimos en la Ley de Aguad, «pero han tenido tiempo de hacerlo antes para que no hubiésemos llegado a esta situación», ha dicho.
Así, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Bibiano Serrano, ha considerado que Olga García como consejera no aprueba, pero como actriz no cuela», ya la Junta de Extremadura intenta «vender» una cosa «pero la realidad es otra»
Bibiano Serrano ha alertado de que la empresa eléctrica «se le ha ido un poquito de las manos, y han turbinado hasta el barro», por lo que «vienen problemas medioambientales», tras lo que ha asegurado que «quién se va a creer que usted no sabía nada», cuando los presidentes de las confederaciones hidrográficas los nombra el Gobierno
El diputado del PP ha considerado que «esto es una farsa montada para que bajaran el precio de la electricidad y no macharan más al Gobierno», tras lo que ha lamentado que la consejera lo «ha consentido absolutamente todo» y «no se ha ido al juzgado» para que se investigue este tema.
Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Carlos Labrador, ha reafirmado que la Comunidad Autónoma no tiene competencia sobre los desembalses, sino que su competencia es estatal, tras lo que ha resaltado que la Junta de Extremadura ha actuado «con responsabilidad y de manera inmediata».
Labrador ha destacado que en los municipios con problemas de abastecimiento «se ha actuado con urgencia», tras lo que ha resaltado que la Junta de Extremadura se ha reunido con Iberdrola para pedir que cesen los desembalses, lo que «demuestra la implicación en el problema», ha dicho.
«Ahora toca recabar la información y en el caso de que se hubiese producido alguna irregularidad, actuar en consecuencia», ha señalado el diputado socialista, quien ha calificado de «actuación bochornosa» la de las eléctricas, que «no han tenido empatía social con un bien público como es el agua», ha concluido.
