Representantes del movimiento de pensionistas vasco se trasladarán a Bruselas, junto a miembros de otros colectivos del Estado, para reclamar a las instituciones de la Unión Europea que se garanticen «pensiones públicas dignas en todos los pueblos» que la conforman.
Los pensionistas han celebrado este lunes su habitual concentración en las escalinatas del ayuntamiento Bilbao, en esta ocasión con la presencia de pensionistas procedentes de otras comunidades, que participarán en esta iniciativa en Bruselas organizada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.
Durante la protesta, sus portavoces han explicado los detalles de este viaje a Bruselas, donde los pensionistas tienen previsto reunirse con diferentes grupos parlamentarios europeos y con una representación de la Comisión de Empleo y Política Social, a quienes han remitido previamente sus propuestas.
Según han avanzado, este martes, día 28, demandarán en el Parlamento Europeo a los grupos políticos «un cambio radical de las estrategias tanto europeas como estatales que están recortando las prestaciones de los sistemas públicos de pensiones en beneficio de planes privados de pensiones controlados por el sector financiero para su propio beneficio».
Los pensionistas han hecho pública la carta enviada a los grupos parlamentarios europeos en la que muestran su rechazo a las estrategias tanto europeas como estatales que «están recortando las prestaciones de los sistemas públicos de pensiones en beneficio de planes privados de pensiones controlados por el sector financiero para su propio beneficio».
En esta línea lamentan que, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no se recoja como derecho exigible a las administraciones públicas garantizar «unas pensiones públicas dignas y suficientes» que permitan acceder a unas condiciones de vida «dignas».
«Lejos de avanzar en ese camino tras la aprobación de dicha Carta de los Derechos Fundamentales y el Tratado de Funcionamiento de la Unión se han sucedido reformas en los países europeos que, como en el caso del Estado español ,se centran en reducir las prestaciones del sistema público de pensiones, prolongar la edad de jubilación y fomentar los planes privados; así ha sido con las reformas de 2011 y 2013 y así será con la reforma de 2021», critican.
Los pensionistas denuncian que el ‘Libro Verde’ de las pensiones de la Comisión Europea constituye «una amenaza contra los sistemas públicos de reparto» y consideran que este organismo «actúa como representante de los lobbies financieros».
Asimismo, critican que los fondos para la Recuperación, Trasformación y Resiliencia sean utilizados para «profundizar las reformas de los recortes y la privatización de los sistemas públicos de reparto».
La Coordinadora Estatal de Pensionistas y el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria demandan tanto al Parlamento como a la Comisión europeos que se «blinde como derecho fundamental de la Unión Europea» garantizar, a la actual generación y a las futuras, «pensiones públicas, justas y suficientes que permitan acceder a unas condiciones de vida dignas y autónomas».
En esta línea, reclaman que se garantice «el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas y suficientes como un derecho igual para hombres y mujeres exigible a las instituciones de la UE y de los pueblos que la integran y priorizar este objetivo en la distribución de los fondos europeos».
También plantean «reforzar la exigibilidad de la Carta Social Europea» para garantizar tanto en pensiones mínimas como en salario mínimo el 60% del salario medio de cada país y la revalorización automática de las pensiones en función, como mínimo, del IPC real.
Asegurar «la financiación en todos los pueblos de la Unión Europea de los ingresos de suficiencia y la universalidad de servicios sociosanitarios y de atención a la dependencia de calidad» y dar prioridad en la generación y distribución de los Fondos Europeos al logro de estos objetivos son otras de sus demandas.
Los pensionistas también reclaman que se derogue «la norma que promociona planes privados de pensiones paneuropeo» y exigen que «de una vez por todas se tomen medidas efectivas para acabar con la elusión fiscal y los paraísos fiscales», además de «socializar el crédito y el ahorro fomentando el desarrollo de entidades financieras públicas».
