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La Abogacía del Estado se retira como acusación en la pieza de Iberdrola del caso ‘Tándem’

La Abogacía del Estado se ha retirado como acusación de la pieza separada 17 de ‘Tándem’, donde se investigan los ‘encargos’ de Iberdrola al comisario jubilado José Manuel Villarejo, ante «la falta de legitimación activa respecto de los delitos» imputados provisionalmente.

En un escrito, la abogada del Estado Rosa María Seoane pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, que les «tenga por apartados» de la causa.

Todo ello, eso sí, «sin perjuicio de que si en el curso de la investigación se advirtiera un perjuicio para la Administración del Estado, pudiera apreciarse por tal motivo» su «legitimación como perjudicados y realizarse el oportuno ofrecimiento de acciones».

La Abogacía del Estado toma esta decisión toda vez «analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación» en la presente pieza, relativa a los encargos que el Grupo Iberdrola habría realizado al investigado a Villarejo cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Estos hechos, recuerda el escrito, podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

PENDIENTES DE LA DECLARACIÓN DE SÁNCHEZ GALAN

Esta pieza arrancó en octubre de 2019 después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón recibiera un oficio de Asuntos Internos elaborado a partir de la documentación aprehendida en los registros. En él, ya se destacaba que en 2004 la eléctrica contrató con Cenyt –empresa de Villarejo– a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto ‘Arrow’, que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario –aun en activo– accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial.

El pasado mes de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional decidió suspender la declaración como imputado tanto del presidente de la eléctrica José Ignacio Sánchez Galán como del resto de directivos a la espera de resolver sobre el recurso de nulidad que presentaron desde la compañía.

Un mes después, en agosto, García-Castellón rechazó el citado recurso de nulidad al no ver motivos para hacerlo. Sin embargo, todavía no hay fecha para la declaración de Sánchez Galán ante el juez.