El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves una resolución en la que denuncia las «numerosas deficiencias» que existen actualmente al aplicar la normativa comunitaria sobre intercambio de información fiscal entre autoridades nacionales y pide acometer una revisión «completa» de la misma.
En particular, el texto adoptado con 561 votos a favor, 12 en contra y 116 abstenciones analiza la aplicación de la directiva sobre cooperación administrativa (DAC) que entró en vigor en 2011 para apoyar la lucha contra la evasión, la elusión y el fraude fiscal.
En la resolución, los eurodiputados denuncian que «uno de los mayores problemas» es que las autoridades tributarias nacionales «no están aplicando lo suficiente» las reglas, que «se hace muy poco» con la información fiscal que se comparte y que apenas se intercambian datos sobre algunos tipos de ingresos y activos.
La Eurocámara también señala que la calidad de la información compartida es inferior a lo que cabría esperar y que se debe mejorar el control que se hace de esta calidad. La Comisión Europea también es criticada en la resolución, en su caso por no abrir expedientes a los Estados miembros que no están aplicando correctamente la normativa.
Bruselas, de hecho, está trabajando en una nueva reforma de la directiva, que sería la octava versión desde su entrada en vigor, y los eurodiputados han subrayado que una prioridad de cara a la reformulación de las reglas debería ser conseguir que la información fuese intercambiada «de una forma más coherente y con un mayor cuidado hacia su calidad».
A juicio de los eurodiputados, de cara al futuro también debería ser obligatorio el intercambio de información de más tipos de ingresos y activos. Las autoridades tributarias nacionales, añaden, deberían poder comprobar «sistemáticamente» la información aportada por las instituciones financieras e imponer multas cuando los datos sean incorrectos.
En general, el Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que la revisión de la directiva no contenga únicamente «pequeños cambios» y también insta a que sirva para «acabar con las lagunas actuales « de la legislación y para «armonizar los estándares sobre recolección e intercambio de datos».
