Quantcast

El sobrino de Felipe González se declara «inocente» en Invercaria

Este lunes ha comenzado en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla el juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal, en la que figuran como acusados el ex presidente y exconsejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector financiero Antonio Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.

En el comienzo de esta primera sesión, el presidente del tribunal ha dado cuenta de que Pérez-Sauquillo, condenado a 3 años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis; ha solicitado quedar eximido de la obligación de comparecer a la totalidad de la vista oral, salvo el día en el que preste declaración como acusado «una vez desarrolladas el resto de pruebas» previstas para el conjunto del juicio.

En ese sentido, ha anunciado que el jueves se celebrará una videoconferencia para que Pérez-Sauquillo, desde Madrid, «confirme» esta petición, algo a lo que ninguna de las partes se ha opuesto.

DECLARARÁN AL FINAL DE LA VISTA ORAL

A continuación, los restantes acusados han comparecido brevemente para manifestar que conocen los escritos de acusación formulados en su contra y formalizar su petición de prestar declaración al final de la sesión, una vez practicadas las pruebas testificales previstas.

Ha sido en esta tanda de breves comparecencias, cuando Cantos se ha declarado «no culpable», González Mejías se ha declarado «inocente» y Nieto Garrido también «no culpable».

A continuación, las partes han enumerado sus propuestas de prueba, destacando una petición del letrado Ángel García Diéguez, defensor de Nieto Garrido, para que testificase el abogado que representa a IDEA, Gregorio Pérez, que ejerce la acusación particular, sobre las «circunstancias del despido y liquidación» de Pérez-Sauquillo como presidente de Invercaria.

Tal petición ha contado con la oposición de la Fiscalía, mientras el mencionado abogado de IDEA ha avisado de un «intento» de apartarle del proceso. «Es un intento de apartarme», ha enfatizado, mientras el letrado defensor de Nieto Garrido ha admitido su «interés» en esa «salida del procedimiento», achacándole «falta de rigor».

El presidente del tribunal no ha admitido esta petición avisando de que el abogado Gregorio Pérez «estaría condicionado» a la hora de testificar, al ejercer la acusación particular en representación de IDEA.

Ya en el trámite de las cuestiones previas, el abogado defensor de Nieto Garrido ha insistido en este asunto, reclamando que IDEA fuese expulsada de la causa como acusación particular, bajo la premisa de que «la única perjudicada» por los hechos enjuiciados fue la sociedad Invercaria, perteneciente a IDEA y que ejerce su propia acusación particular en este juicio. A su entender, IDEA «no está legitimada» para ejercer la acusación particular, por lo que «no puede permanecer ni un minuto más» en la causa y «deber ser apartada» de la misma, según manifestaba.

La defensa de Pérez Sauquillo ha apoyado esta petición del abogado defensor de Nieto Garrido, apreciando igualmente una «falta de legitimación» de IDEA a ejercer la acusación particular cuando ya lo hace Invercaria.

En el caso del abogado defensor de González Mejías, ha alegado como cuestión previa una supuesta vulneración a la tutela judicial efectiva, avisando de una situación de «indefensión real» al ser enjuiciado su patrocinado por «dos motivos distintos» señalados en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, mientras la Fiscalía le atribuye un único delito de malversación.

En el auto de apertura de juicio oral emitido en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, dicha instancia atribuía a Pérez-Sauquillo supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, achacando presunta malversación a los restantes acusados.

LAS PENAS DE LA FISCALÍA

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para el expresidente de Invercaria 6 años de cárcel por un delito continuado de malversación y 9 años de inhabilitación especial. Asimismo, reclama para Nieto Garrido 6 años de prisión por el delito continuado de malversación, mientras que para cada uno de los dos ex directores de Promoción pide 3 años y medio de cárcel por ese mismo delito.

Durante la instrucción del caso, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas indicaba respecto a la presunta malversación que hay «indicios racionales claros» de la misma «al existir disposiciones de fondos públicos a los que tenían acceso» los investigados en su relación laboral con Invercaria, «prevaliéndose de las facultades que ostentaban en los cargos que ocupaban para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público y en orden a obtener un lucro ilícito».

En ese sentido, señalaba supuestas «actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos, actuaciones que supusieron» la «disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados».

De este modo, sostenía que Pérez-Sauquillo –condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada por el préstamo a la empresa Aceitunas Tatis– «asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo», de forma que «decidía qué personas eran contratadas para trabajar en Invercaria, así como los sueldos». Según el instructor, «esta decisión la adoptaba el expresidente sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido».

El juez agregaba que el 17 de abril de 2006, Nieto suscribió un contrato de trabajo con Invercaria como director financiero, siendo acordado sin «fundamento objetivo que lo justificara» retribuir a este investigado de 2007 a 2010 con «cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato y la legislación, sin causa legal justificada».

En paralelo, el 1 de noviembre de 2005, Cantos suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a éste un préstamo de 30.000 euros a devolver mediante un descuento en la nómina.

El juez aseveraba que el expresidente y el exdirector financiero de esta sociedad, «manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria». El instructor considera en ese sentido que estos tres investigados «eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía adeudada».

EL PRÉSTAMO PREVIO DE IDEA

A continuación, el magistrado señalaba que, el 1 de julio de 2005, Juan María González suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar esta sociedad de capital riesgo, «a petición» de este investigado, «se subrogó en el préstamo personal que IDEA le había hecho durante el tiempo que desarrolló su trabajo» allí, una operación con la que «pasó a contraer una deuda con Invercaria» de 17.468,75 euros «en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales» de su nómina.

El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral, González «tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado» y señala que Pérez-Sauquillo y Nieto «decidieron condonarle esa cantidad», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en perjuicio de Invercaria».