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López de Uralde ve «imprescindible» crear una franja de protección ecológica en el Mar Menor

El diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde Juan López de Uralde considera «imprescindible» crear una franja de protección de 1,5 kilómetros cuadrados que deje de estar ocupada por fincas de agricultura intensiva alrededor del Mar Menor para empezar a solucionar las consecuencias del «ecocidio» que comenzó a producirse hace décadas.

«Efectivamente, estamos ante un auténtico ‘ecocidio’ de un espacio de gran valor ecológico y cuya sensibilidad y fragilidad es conocida ya desde hace muchos años», ha asegurado el diputado en declaraciones a la Cadena Ser.

A su juicio, esta franja sin agricultura intensiva es una de las «varias medidas que son imprescindibles» y que las organizaciones ecologistas apuntaron este miércoles a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su visita a la zona.

Así, ha lamentado la transformación de la agricultura que se ha producido en los últimos años en el Campo de Cartagena, que ha pasado a ser «muy intensiva», lo que supone la utilización de grandes cantidades de abonos nitrogenados y fosfatados que posteriormente son arrastrados por las aguas de lluvia y las propias aguas de riego a la laguna donde produce la eutrofización que provoca la anoxia y la mortandad de peces y crustáceos.

El diputado de Podemos ha situado el origen del inicio de la «tragedia» del Mar Menor en la época del franquismo, cuando se permitió la urbanización de la Manga en vez de optar por unas políticas «ecológicamente más activas y de defensa del territorio» y se optó por un «terrorismo» que está dando estas «muestras de agonía» que se están viviendo en los últimos días, pero que son «episodios que desgraciadamente se producen cada vez con más frecuencia».

Además, ha responsabilizado al Partido Popular de la actual situación en la zona puesto que en 1987 el gobierno regional entonces gobernado por el PSOE aprobó una Ley de Protección del Mar Menor para «evitar errores» del pasado y para «poner freno» al desarrollo urbanístico y a los vertidos agrarios.

«Desgraciadamente esta ley duró poco porque en cuanto llegó el PP la tumbó. Venimos de muy atrás», ha apostillado.

Igualmente, ha destacado que toda la comunidad científica está «prácticamente de acuerdo» en que la entrada de nitratos y fosfatos agrícolas de las fincas colindantes con el Mar Menor es «clave» para que se produzca la anoxia en la laguna.

Pero este no es el único ecocidio del que López de Uralde ha advertido. A su juicio existe un «hilo de conexión» entre lo que ocurre en el Mar Menor y el problema de las macrogranjas en el sentido de que se está produciendo una transformación en el campo español hacia una mucho mayor intensificación.

En ese sentido ha denunciado la «proliferación» de macrogranjas, sobre todo de porcino, aunque ha puesto de ejemplo el proyecto de finca para 25.000 vacas de Noviercas en Soria.

Uralde ha advertido de la gran concentración de animales con sus residuos y purines asociados y que están «muy mal gestionados», de modo que cuando estos se vierten al medioambiente acaban contaminando las aguas subterráneas.

A ese respecto, ha afirmado que según informes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico el 40 por ciento de las aguas subterráneas españolas están contaminadas. «Este es solo uno de los efectos», alerta.

En ese ámbito ha destacado el gran rechazo social que están generando, en particular en Castilla-La Mancha y en Castilla y León. De hecho, en Cuenca el número de cerdos se ha multiplicado por cinco mientras la población de se ha reducido un 8 por ciento. «No sirven para solucionar los problemas de la España vaciada y generan contaminación y presión sobre un recurso tan importante como el agua», asegura.

Por ello, solicita una moratoria a nivel estatal de estos proyectos para que se haga un análisis de los impactos ambientales y del coste-beneficio, ya que se utiliza la España vaciada para justificar estas instalaciones que generan muy poco empleo y que pueden destruir empleos ya existentes. «Desde el punto de vista económico tampoco parece justificable esta proliferación de macrogranjas», ha concluido.