El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha aprobado este martes continuar con la tramitación del anteproyecto de ley que modifica la Ley 23/2011 de Depósito Legal para adaptarla a los cambios producidos en el sector editorial.
El anteproyecto ha sido sometido a consulta pública y ha recabado la opinión y consideraciones de, entre otros, la Federación de Gremios de Editores de España, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) o el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).
La modificación de la ley permitirá cumplir un papel más efectivo en la conservación de la edición nacional y optimizará la gestión de los centros de conservación, mejorando y perfeccionando la recogida de publicaciones.
Para ello contempla especialmente la progresiva incorporación de medios digitales en el acceso al patrimonio bibliográfico y audiovisual. Además de los ejemplares físicos de las publicaciones, los editores deberán depositar la copia en versión digital previa a la impresión de las publicaciones en soporte físico de primeras ediciones, reediciones de libros, y de prensa y revistas.
El anteproyecto elimina aquellas tipologías que carecen de valor bibliográfico nacional e incorpora nuevas tipologías documentales objeto de depósito legal.
Entre las incorporaciones, destacan entre las que destacan las publicaciones de impresión bajo demanda (cuya tirada supere los 100 ejemplares) que se encontraban excluidas de la obligación de depósito legal y que representan una cuota considerable del mundo editorial con una tendencia al crecimiento; los catálogos comerciales de librerías, editoriales y subastas, así como los marcapáginas y los carteles; y los videojuegos que, aunque estaban comprendidos entre los documentos audiovisuales, no se estaban recogiendo en las cantidades que el mercado de estos productos representa, por lo que se considera necesario su identificación individualizada y mención expresa.
Entre otras novedades destaca también el reconocimiento como centro de conservación a la Filmoteca Española. Será el centro de conservación del material cinematográfico para el cumplimiento de los fines de preservación a largo plazo, y su difusión, como parte integrante del patrimonio cinematográfico y audiovisual.
Además, establece en detalle los materiales que recibirá la Filmoteca Española y las Filmotecas de las comunidades autónomas a efectos del cumplimiento de la obligación de depósito legal. Los sujetos obligados a solicitar el número de depósito legal incluirán ahora, además de al editor, al productor.
Igualmente, establece una detallada enumeración de los ejemplares que la Biblioteca Nacional de España (BNE) está obligada a conservar y, en referencia a las comunidades autónomas, suprime la función de alta inspección de las competencias de la BNE.
El depósito legal es la institución jurídica que permite a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas recoger ejemplares de las publicaciones de todo tipo reproducidas en cualquier clase de soporte y destinadas por cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública, con la finalidad de cumplir con el deber de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España en cada momento histórico, y permitir el acceso al mismo con fines culturales, de investigación o información.
