La Federación de Enseñanza de CCOO ha denunciado «la inexistencia» de una agenda con medidas y recursos suficientes para atajar la pobreza infantil por lo que exige a los Gobiernos estatal y autonómicos «un plan consensuado y urgente».
El sindicato hace este llamamiento tras el último estudio presentado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil ‘Geografía de la pobreza infantil en España’, que revela que el 27,4% de los niños y niñas en España se encuentra en riesgo de pobreza, una situación que también se ha denunciado por la Unión Europea y por el Relator Especial de Naciones Unidas, Philip Alston, en su Informe tras su visita a España en 2020.
Según denuncia el sindicato en un comunicado, «las distintas administraciones públicas no están haciendo lo suficiente ni coordinándose con los recursos necesarios para atajar un problema de enorme calado social, que condiciona el futuro del país» por lo que exige a los Gobiernos estatal y autonómicos «un plan consensuado y urgente» que recoja las medidas políticas y legales, las acciones sociales, los recursos humanos y las inversiones necesarias para hacer frente a esta lacra.
«Es necesario construir otras políticas públicas para erradicar la pobreza y las desigualdades en la infancia. Y, sobre todo, el reconocimiento de la infancia, de niños y niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de pleno derecho, con identidad propia y que, por tanto, deben ser tenidos en cuenta y proteger su participación en las instituciones públicas», defiende el sindicato.
Entre otras iniciativas, CCOO pide impulsar medidas que promuevan y protejan el derecho a la educación y la universalización de la educación pública y gratuita, y asegurar la equidad; y adoptar medidas para realizar políticas de igualdad social y proteger mejor los derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad-
También reclama garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, reforzar la atención primaria de salud, potenciar las políticas socioeducativas con ayudas y becas: comedor, libros de textos y materiales didácticos, transportes, refuerzo educativo, ocio saludable y cultura, etc; y formar al personal de la Administración central, autonómica y local para que sea competente en la protección de la infancia; además de «la adopción inmediata» de la Estrategia Europea sobre los Derechos de la Infancia y la Garantía Infantil Europea.
