El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha acordado ampliar seis meses la investigación del llamado caso ‘Neurona’, donde se indaga en la presunta financiación ilegal de Podemos, al entender que, una vez recibidos los informes pendientes será necesario realizar nuevas diligencias para esclarecer los hechos.
En un auto, el magistrado ha decidido prolongar las pesquisas más allá del 29 de julio, fecha límite que establecen los nuevos plazos legales, dándose otros seis meses para seguir investigando, a contar desde el día anterior, el 28.
Escalonilla recuerda que aún está a la espera de recibir un informe de Ciberdelincuencia sobre el volcado de los vídeos del teléfono móvil de uno de los miembros del equipo de la campaña de Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, avanzando que, una vez en sus manos, pedirá otro a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para analizar el primero.
«Igualmente resta por presentar por la UDEF el informe relativo a la constatación de la realidad de las fechas de los correos electrónicos aportados por Juan Carlos Monedero», unos ‘emails’ que demostrarían que los 26.000 euros que el cofundador de Podemos recibió de la matriz mexicana de Neurona no fueron una comisión por mediar en un contrato electoral entre el partido y la empresa, sino el pago a los trabajos que hizo para la consultora política.
Además, en el marco de la nueva línea de investigación que abrió recientemente, donde trata de determinar qué uso se dio a los fondos donados por la ex senadora ‘morada’ Celia Cánovas –que ejerce de acusación particular en la causa– al Proyecto Impulsa de Podemos, Escalonilla ha recordado que el partido aún debe aportar la documentación requerida.
Todos estos materiales, «aun cuando se presentaran fuera del plazo de instrucción resultarían plenamente válidos», no obstante, el juez ha señalado que todavía «faltaría al menos la práctica de una diligencia de investigación, consistente en la emisión de un informe pericial sobre el precio de realización de dichos vídeos y diseños presuntamente llevados a cabo por trabajadores contratados por Neurona Consulting SA en atención tanto a su cantidad como a su calidad».
De esta forma, Escalonilla ha seguido el criterio de todas las acusaciones –Ministerio Fiscal, Cánovas, Vox y la Asociación de Juristas Europeos ProLege–, dado que las defensas de Podemos y Monedero, ambos imputados en la causa, fueron las únicas que abogaron por poner fin a estas pesquisas, según se desprende la resolución judicial.
LA MADEJA DE ‘NEURONA’
El eje de este caso es el contrato que Podemos y Neurona Comunidad –la filial española de Neurona Consulting– celebraron para las elecciones generales de 2019 por labores de consultoría política y un importe de 363.000 euros.
El instructor sospecha que fue un contrato simulado, por lo que gran parte de la actividad probatoria está destinada a dilucidar si realmente Neurona hizo algún trabajo para Podemos en el marco de dicho acuerdo.
Sin embargo, alrededor de este asunto principal se han ido investigando otras presuntas irregularidades que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente plasmó en la denuncia de la que partió el caso, presentada en diciembre de 2019.
Así, Escalonilla mantiene vivas las pesquisas sobre Neurona, Monedero, el Proyecto Impulsa y la donación de 50.000 euros que la Asociación #404 Comunicación Popular solicitó a la Caja de Solidaridad de Podemos, de la que se ha acreditado que recibió al menos 30.000 euros.
En cambio, a lo largo de este año ha archivado las indagaciones relativas a los supuestos sobresueldos, las obras de reforma de la nueva sede de Podemos, el contrato electoral con ABD y el presunto acceso no consentido al disco duro de un ordenador de la abogada ‘morada’ Marta Flor.
En el contexto del caso ‘Neurona’, la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona reveló nuevos hechos que cayeron en manos de otros juzgados. De ellos, solo se investiga ya si la ministra de Igualdad, Irene Montero, usó a su entonces jefa de Gabinete y ahora asesora ministerial, Teresa Arévalo, como niñera de su hija durante un viaje de campaña a Alicante efectuado en octubre de 2019.
