El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha defendido este miércoles que los políticos deberían centrarse más en resolver los problemas actuales y futuros de los españoles que en cuestiones relacionadas con la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco.
«¿Estamos más pendientes de 1936 que de 2030? ¿Más pendientes de la Guerra Civil, del golpe de Estado del general Franco y de la dictadura que asoló España durante 40 años que del desempleo, la factura de la luz, el sufrimiento de los funcionarios interinos, el paro juvenil y la natalidad?», se ha preguntado.
Así se ha pronunciado ante los periodistas en la Cámara Baja cuando le han preguntado qué opina Cs del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. Bal ha dicho que de momento solo conoce de forma «superficial» el contenido de esta norma y que en el Congreso su grupo la examinará con detalle.
EVITAR LA «POLÍTICA DE LA POLARIZACIÓN»
Lo que ha pedido es que no se utilice este tema para «la clásica política de polarización, que es malísima para este país». «Nosotros somos los hijos de la Transición, de la concordia y del consenso, no somos los nietos de la Guerra Civil», ha subrayado.
El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y deroga el real decreto de la abadía del año 1957, por lo que el Gobierno iniciará un proceso de negociación con la Iglesia para definir su futuro.
La idea es convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. En cuanto al cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, deberá ser exhumado para su traslado a otro lugar de la abadía o fuera del Valle si así lo deciden sus familiares, como se hizo con los restos de Franco en 2019.
Además, la norma recoge por primera vez de forma explícita el repudio y la condena del golpe militar del 18 de julio de 1936 y de la dictadura y pone a las víctimas en el centro de la acción pública. Para ello, avanza hacia la nulidad de todas las condenas y sentencias de los tribunales de excepción franquistas y aprueba la creación de un censo de víctimas para contar con un número oficial y darles visibilidad.
También señala al Estado como el responsable de todo el proceso de localización, búsqueda, exhumación e identificación de cadáveres que permanecen en fosas comunes y busca garantizar que el periodo de la guerra y la dictadura se estudia en los institutos.
