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El TS rechaza apartar a Llarena del estudio de la querella de Boye contra la juez que le procesó

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una recusación presentada por el abogado Gonzalo Boye –defensor, entre otros de los líderes independentistas Carles Puigdemont y Joaquim Torra– contra el magistrado de este órgano Pablo Llarena.

El letrado pretendía que el juez Llarena se abstuviera de decidir sobre la querella que él ha presentado contra la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato –el de un supuesto narcotraficante colombiano– por procesarle en el marco de la causa sobre el ‘narco’ gallego ‘Sito Miñanco’.

El letrado solicitó la recusación de Llarena porque entendía que su deber de imparcialidad podría quedar comprometida al haber sido uno de los letrados firmantes en la demanda que Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig presentaron contra el magistrado en Bélgica, según señala el auto de inadmisión.

La resolución no entra a conocer el fondo de la recusación por considerarla arbitraria y abusiva. «No se acierta a entender cómo puede considerarse que tenga el magistrado recusado interés en el presente procedimiento, ya que los hechos por los que presenta su querella ante esta Sala no tienen relación objetiva ni vinculación personal con el magistrado Sr. Llarena Conde», afirma el auto.

Añade que la relación de Boye «se ajusta a su intervención profesional en procesos anteriores, con resultado dispar en función de las circunstancias concurrentes, y respecto a la magistrada querellada, «ningún interés surge de su actuación en un procedimiento que no afecta ni vincula al indicado recusado».

La querella se dirige contra la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, por ambos delitos, y contra una letrada de la administración de justicia y el fiscal especial antidroga Ignacio Miguel Lucas Martín, que trabajan en ese mismo juzgado, por el de encubrimiento de asesinato.

Los querellantes entienden que «ni la jueza María Tardón ni el fiscal Ignacio de Lucas se han interesado a lo largo de estos dos años en propiciar una investigación por el asesinato presuntamente cometido por Manuel Andrés Puentes Saavedra tanto en Colombia como en España». «Todo lo contrario, lo han encubierto, a fin de proteger a este investigado, a cambio de perjudicar gravemente al letrado Gonzalo Boye», según denuncian.

Por otra parte, la defensa de Gonzalo Boye ha presentado un escrito incluyendo la transcripción de una conversación, que demostraría el ánimo espurio del otro procesado en la causa en la que se le investiga en la Audiencia Nacional cuando en julio de 2019 cambió drásticamente su declaración y pasó a incriminar al letrado.