El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha afirmado que, en principio, el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público, que entra en vigor este jueves, le parece una «chapuza». A su juicio, lo que debe aclarar el Gobierno es cuántos trabajadores interinos se encuentran en una situación de fraude de ley y cuánto le costará al Estado aplicar esta solución que plantea.
«De antemano» y «a reservas de que lo estudiemos en profundidad, me parece una chapuza», ha declarado Bal en rueda de prensa en la sede de Cs sobre la norma promovida por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.
El decreto afecta a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020 y que no hayan sido incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018.
Como consecuencia, más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas antes del 31 de diciembre de 2024, fecha límite improrrogable. Los procesos se desarrollarán a través de un sistema de concurso-oposición en el que la experiencia en el puesto de trabajo computará en la valoración hasta un 40 por ciento.
El dirigente de Ciudadanos ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado varias sentencias en las que reconoce el abuso de la interinidad en las Administraciones Públicas españolas, y que la formación naranja propuso identificar «los casos más sangrantes» –por ejemplo, los de funcionarios interinos que llevan 25 o 30 años en un puesto– para solucionar su situación.
¿CUÁNTO LE COSTARÁ AL ESTADO?
El Gobierno de Pedro Sánchez «no está resolviendo el problema hacia el futuro», se limita a poner «un parche en el presente», e Iceta «tira por la calle de en medio» sin precisar «cuántos interinos tenemos en España en situación de fraude», ha señalado, subrayando la importancia de diferenciar a estos trabajadores de los que sí están «correctamente nombrados».
Según Bal, no se deberían sacar a cobertura todas las plazas ocupadas por interinos, sino solo las de aquellos que están en situación de fraude.
Asimismo, ha preguntado al Ejecutivo cuántas personas calcula que pueden superar el proceso selectivo, cuánto le costará a las arcas públicas asumirlos como trabajadores fijos y qué importe supondrán las indemnizaciones que haya que pagar en los casos de incumplimiento de los plazos máximos de permanencia.
