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El Consejo de Transparencia reclama armas jurídicas para poder cumplir sus resoluciones

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha reclamado este jueves en el Congreso que la reforma de la ley por cuyo cumplimiento vela este organismo le dote de las armas jurídicas necesarias para poder exigir el cumplimiento “efectivo”, por parte de los organismos públicos, de las resoluciones que aprueba.

Así lo ha reclamado durante su comparecencia en la Comisión de Política Territorial y Función Pública, donde ha dado cuenta de las memorias correspondientes a los años 2019 y 2020.

Rodríguez Álvarez ha señalado que en un “importante” porcentaje se producen retrasos en la ejecución de sus resoluciones o que directamente no se cumplen nunca. En concreto, a 31 de diciembre de 2019 no se cumplieron el 29,10% en el ámbito estatal y el 36,20% en el autonómico, cifras que, un año después fueron del 30,65 y el 30,61%, respectivamente.

No obstante, ha explicado que el Consejo ha reforzado su política de seguimiento del cumplimientos de su resoluciones y que él mismo ha tratado el asunto con los responsables ministeriales con los que se ha reunido desde que fue nombrado el pasado mes de noviembre. Esto está “dando sus frutos” y los incumplimientos se ha reducido en 10 puntos en el ámbito estatal. “Pero es evidente que queda mucho por mejorar en este terreno y seguiremos perseverando”, ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de aprovechar la próxima reforma de la Ley de Transparencia para dotar al Consejo de “remedios jurídicos eficaces” que, en su opinión, son “imprescindibles” para “asegurar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones”.

Además, considera que la reforma de la ley debería servir para definir mejor la Presidencia y la Comisión de Transparencia y las “entidades públicas y privadas” y precisar los sujetos públicos obligados a cumplir.

En materia de publicidad activa ha pedido simplificar y objetivar los requisitos y articular mejor el Portal de Transparencia con las webs. En general, sostiene que se deberían dar avances en publicidad, proque si la información estuviera publicada se descargaría de trabajo a quienes reciben las consultas.

Según ha explicado, ahora hay “problemas con las multas coercitivas” por parte de una autoridad administrativa y este punto debería ser también objeto de regulación en la reforma de la norma.

También ha defendido “sin ninguna duda” que debe reconocerse el acceso a la información pública como un “derecho fundamental”. “Si se cambia la Constitución, éste es uno de los derechos que deben incorporarse”, ha afirmado, pero aún sin cambiar la Carta Magna ha abogado por buscar fórmulas para conectarlo con “alguna de las cláusulas constitucionales” como las de los artículos 20 (libertad de expresión e información) o 23 (participación en los asuntos públicos).

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Respecto al cumplimiento de la ley, ha destacado que entre 2019 y 2020 el índice ha pasado del 62% al 77,3%, si bien ha resaltado que existe un “amplio margen de mejora” en algunos de los organismos analizados.

En general, los déficits detectados son que algunos no tienen un apartado específico para la transparencia en sus webs o publican la información de forma desorganizada o con baja calidad en lo que se refiere al fechado o al uso de formatos no reutilizables.

También ha destacado, no obstante, que en ocasiones, se publica “abundante” información adicional no obligada por ley como agendas de trabajo, códigos éticos, informes de auditoría o retribuciones de directivos.

Además, Rodríguez Álvarez ha anunciado que este año se ha empezado a aplicar un nuevo modelo de evaluación del cumplimiento de la ley que permitirá ir publicando cada uno de los análisis, según se vayan realizando, y que al final todos se compendiarán en la memoria anual, que estará lista a finales de marzo del ejercicio siguiente.

ABUSO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

El presidente ha confirmado la tendencia al alza en las reclamaciones por solicitudes de acceso a la información desde la entrada en vigor de la ley a finales de 2014. En 2015 hubo 517 y este año la previsión es acabar con cerca de 2.000. En el año de la pandemia se estimaron el 42,69% de las reclamaciones en el ámbito estatal y el 53,17% en el autonómico.

Tal y como hace en sus memorias, el presidente del Consejo ha denunciado el “elevado número” de reclamaciones no resueltas en el plazo previsto que acaban siendo desestimadas por silencio administrativo, que el año pasado llegaron al 47,06% a nivel estatal y un nada desdeñable 70% a nivel autonómico.

También ha reseñado la, a su juicio, “excesiva preponderancia de los motivos formales frente a los materiales” en las denegaciones de información: que la información está en plena elaboración o publicación, que tiene carácter meramente auxiliar, que hay que reelaborarla o que se solicita de forma repetitiva.

“Muchos casos esa invocación está justificada o se puede discutir, pero en otras se trata de un recurso fácil para no tener que motivar la aplicación de los artículos de la ley que ponen límites al acceso a la información”, ha advertido el presidente del Consejo.

Además, Rodríguez Álvarez ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para reclamar más presupuesto para el Consejo, que se recortó en 2018 y ahora está en 2,38 millones, una cifra, ha denunciado, “manifiestamente insuficiente”, igual que la plantilla, que consta sólo de 24 personas, incluido el presidente y dos administrativos de nuevo ingreso, cuando debería rondar las 60.

Según los cálculos más conservadores, el Consejo debería, como mínimo, duplicar su presupuesto anual. Pero el presidente ha dejado claro que esta precariedad no afecta a la imparcialidad del órgano, pero sí a su “independencia de actuación”, puesto que le impide desarrollar eficazmente todas las funciones que tiene encomendadas.

Asimismo, ha vuelto a pedir que se reforme la estructura orgánica del Consejo, ya que por ejemplo, carece de una secretaría y de un gabinete jurídico propio, lo que juzga “inconcebible” cuando su labor principal es garantizar el ejercicio de un derecho. Según ha detallado, para estas labores, la institución tira de la Abogacía del Estado, con la que ha suscrito un convenio, pero cuando tiene que pleitear con el Gobierno o cualquier organismo de la administración hay conflicto de intereses y debe recurrir a abogados y procuradores profesionales.

FALTA DE IMPARCIALIDAD

Rodríguez Álvarez ha vuelto a escuchar por boca de PP, Vox, Ciudadanos acusaciones de falta de imparcialidad por haber ocupado otros altos cargos en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Él se ha defendido pidiendo que juzguen al Consejo por sus decisiones y sin “prejuicios” y ha recalcado que desde que llegó al puesto se ha puesto su firma en 586 resoluciones, de las que 311 son estimatorias y sólo 171 desestimatorias.

Además, ha vuelto a justificar el cese de la anterior subdirectora general de Reclamaciones Esperanza Zambrano, a la que sustituyó tras ser nombrado presidente. Ha insistido en que fue una decisión de política de personal, ajustada a derecho y que no tiene nada de excepcional”, ha negado que su sucesora, Carmen Montero, fuera “mano derecha” de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y ha recordado que fue nombrada directora general técnica del Ministerio de Presidencia en marzo de 2017, aún con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Respecto a Javier Amorós, que ocupó de forma interina la Presidencia del Consejo de Transparencia en los últimos años, ha subrayado que mantiene su confianza y que continúara desempeñando funciones “directivas” en uno o otro puesto.