La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este martes que el informe publicado por la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa publicado la semana pasada lo que hace es avalar el Estado de derecho y la democracia en España y no a los presos del procés.
Como ya hiciera su departamento en un comunicado tras conocerse el informe el jueves pasado, la ministra de Exteriores ha sostenido ante el Pleno del Senado que este «reconoce que el Estado de derecho en nuestro país funciona correctamente y expresa sin margen de duda su confianza en el orden constitucional español».
González Laya ha citado textualmente algunos de los puntos del texto, entre ellos que reconoce que España es «una democracia vibrante» en el que «la mera expresión de puntos de vista pro independentista no proporciona base alguna para abrir una causa penal» y que invita a resolver la crisis en Cataluña «dentro del orden constitucional».
Asimismo, ha incidido expresa su respeto por «la independencia de los tribunales españoles para resolver los recursos pendientes» y señala que varios representantes políticos fueron «condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos entre otras cuestiones por declaraciones hechas».
LAS DECLARACIONES NO SON EL DELITO
Así pues, ha defendido, las declaraciones hechas «no constituyen un delito, son un componente de un delito más complejo, el de sedición, que reúne un cúmulo de hechos» y por tanto en este caso «no fueron el objeto del proceso», como trataba de analizar el informe bajo el título ‘¿Deberían los políticos ser procesados por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?’ y centrado en los casos de Turquía y España.
La ministra ha respondido con ello al senador de Junts, Josep Lluis Cleries i González, quien por su parte ha reivindicado que el informe lo que hace es pedir al Estado español que «indulte o libere» a los presos del procés y que retire las solicitudes de extradición «contra los exiliados políticos».
También «aboga por una reforma de los delitos de sedición y rebelión para evitar penas desproporcionadas por transgresiones no violentas o la criminalización de un referéndum ilegal», ha añadido, cuestionando la reivindicación hecha por el Gobierno de que avala su actuación.
Ante la respuesta de la ministra, Cleries ha acusado al Gobierno de haber «tergiversado» el informe. «No sabemos si les falla la comprensión lectora o les supera el afán de manipulación» pero «lo que han hecho es muy grave», ha defendido.
‘FAKE NEWS’ DEL GOBIERNO
«La creación de ‘fake news’ por parte de un Gobierno es intolerable», ha añadido, afeando el que no haya valorado el informe en su conjunto y de hacer el «ridículo absoluto» al haber afirmado «lo contrario de lo que dice el informe».
A juicio del senador de Junts, el texto es «una desaprobación en toda regla a la persecución y represión políticas practicadas por el Estado español al movimiento democrático independentista». «El Estado español ha quedado de nuevo en evidencia», ha remachado, zanjando que «la solución es amnistía y autodeterminación» así que «hagámoslo de una vez y no sigamos haciendo el ridículo en Europa y en el mundo».
González Laya le ha replicado que el informe no menciona en ningún momento la amnistía ni la autodeterminación y que reconoce que «la situación en Cataluña es de naturaleza política y que tiene que resolverse a través de una negociación política» dentro del orden constitucional español.
