María Concepción Sáez Rodríguez, vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un voto particular discrepante al informe aprobado por el Pleno sobre el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, se ha mostrado a favor de las causas de extinción de las fundaciones franquistas que, a su juicio, «disfrutan de un estatuto jurídico singular y privilegiado cuya única justificación es -precisamente- el servicio a un interés general».
En un escrito de 13 folios, la vocal ha asegurado que no está de acuerdo con la «desproporción» que, según el informe avalado por el CGPJ, implica poner un límite a la actividad de las fundaciones.
Sáez, vocal propuesta por Izquierda Unida, ha explicado que no comparte el análisis de los ponentes Roser Bach y Wenceslao Olea de que la causa de disolución de las fundaciones cuando éstas «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo» adolezca de «falta de taxatividad» como se sostiene en el informe.
Ha defendido que la autorización de una fundación o su extinción por incurrir en un ilícito «son ajenas al derecho individual de sus patronos o sus cargos directivos a la libertad de conciencia y a la libre expresión de sus particulares opiniones».
Sáez ha dejado constancia de su «disconformidad» con el informe aprobado por el Pleno y ha asegurado que el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática «ni es impreciso ni afecta a la libertad ideológica y de expresión» y ha reprochado el hecho de que «las referencias en el informe a la apología parecen girar en torno al concepto coloquial o mediático del término y no al jurídico».
«TUTELA ASIMÉTRICA»
En el marco de su exposición, Sáez ha asegurado que le causa «causa cierta perplejidad» que se afirme en el informe que la redacción del anteproyecto puede dar lugar a una «tutela asimétrica» entre las víctimas y el resto de las personas, «porque de eso se trata precisamente, de proteger a las víctimas y sus familiares reforzadamente frente a quienes no requieren de tal amparo sencillamente porque no son víctimas».
Según detalla en su escrito, no comparte la sugerencia del texto aprobado por el Poder Judicial de «matizar» el artículo del anteproyecto sobre la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática. A su juicio, «son expresamente exceptuadas» cuando «concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley».
Sáez se aparta del contenido del informe y respalda el apartado del anteproyecto en el que se declara la nulidad de las resoluciones dictadas por los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos franquistas.
A FAVOR DEL ANTEPROYECTO
En un voto particular discrepante, ha defendido que el anteproyecto de ley «merece una valoración positiva» y considera que representa «un avance notable en el reconocimiento de los derechos» de las víctimas.
La vocal también ha aplaudido la atribución de competencia y de rol activo del Estado en materia de exhumaciones para «evitar» que las propias víctimas «afronten la carga y la responsabilidad de de localizar, gestionar y financiar las exhumaciones de sus familiares desaparecidos y asesinados».
Otro punto en el que ha discrepado de sus compañeros del Pleno es el de la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y alega que esta decisión «favorece la especialización del Ministerio Fiscal en una materia esencial». Ha celebrado, también, que se cree un Banco Estatal de ADN de Víctimas de la guerra y la dictadura.
Pese a mostrarse favorable al anteproyecto, a Sáez le «sorprende» que «la única referencia» a la Ley de Amnistía sea en el marco de la descripción de la evolución histórica en el tratamiento de la memoria de las víctimas. «Negar tal realidad y, por lo tanto, no afrontarla cabal y decididamente, es el principal reproche que cabe hacerle al prelegislador», ha asegurado.
