El pleno del Parlament ha dado este martes luz verde al decreto ley 4/2021 para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras medidas en materia de vivienda y que, entre otras cuestiones, refuerza el control sobre los grandes tenedores y facilita el acceso a las ayudas públicas.
El decreto, que será tramitado finalmente como proyecto de ley tras el apoyo unánime de los grupos a esta consideración, ha sido validado con los votos en contra de PP y Vox y con el apoyo de los socios del Pacte y el Grupo Mixto.
«Desde el Govern sabemos que el acceso a la vivienda es una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los ciudadanos y estamos obligados a encontrar soluciones responsables, imaginativas, novedosas y pioneras en algunos casos para facilitar este derecho», ha señalado el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, en el momento de pedir el apoyo de la Cámara a la validación del decreto.
Marí ha destacado especialmente del decreto que supondrá agilizar el acceso a las ayudas, que se han multiplicado en los últimos años, así como ejercer un mayor control sobre los grandes tenedores para poder sacar a la luz viviendas vacías e intervenir en operaciones «para evitar la especulación».
Una de las medidas incluidas en este punto y que ha destacado el conseller es la eliminación de la obligatoriedad de depositar una fianza para acceder a una ayuda. Según ha señalado, en muchos casos personas o familias no pueden acceder a ayudas, cumpliendo los requisitos, porque la propiedad no ha depositado la fianza.
El conseller ha resaltado que gracias a la extensión del derecho de tanteo y retracto a otras instituciones –ayuntamientos, consells insulares y entidades con mayoría de capital público– se multiplicará la obtención de inmuebles de distintas categoría.
La modificación de la Ley de Vivienda de 2018 permite, según ha subrayado Marí, una mayor protección a la función social de la vivienda, incrementar las sanciones y establecer un marco legal que ampare la protección de la construcción de viviendas protegidas.
El decreto también permite, según ha recordado y destacado el conseller, prorrogar construcciones durante parte del verano.
CRÍTICAS AL «ABUSO DEL DECRETO»
Los partidos de la oposición, a pesar de haberse mostrado en algunos casos favorables a propuestas como que se facilite y agilice el acceso a las ayudas en materia de vivienda, han criticado tanto el «abuso» que hace el Govern de la figura del decreto ley como que se trate de una nueva modificación de la Ley de vivienda de 2018.
En este sentido, el diputado del PP José Luis Camps ha asegurado que esta nueva modificación de la norma de 2018 prueba que es un «auténtico fracaso» y ha asegurado que los cambios propuestos por el Ejecutivo «se quedan cortos» y demuestran «lo limitado de la visión del Govern» en políticas de vivienda.
En todo caso, Camps ha coincidido en la necesidad de eliminar los depósitos de las fianzas, en las mejoras impuestas en materia de inspección así como en la prohibición de comercializar con infraviviendas.
«Nos identificamos con las políticas de vivienda pública pero no nos identificamos con su manera de proceder», ha apuntado el diputado popular.
También contrario a la validación se ha situado Vox y su portavoz, Jorge Campos, ha calificado el decreto como una «chapuza» y una «intromisión de dudosa legalidad» en la esfera privada. Para Campos, el decreto es un paso más «hacia el exprópiese de Hugo Chávez» y una prueba de que la vivienda sería «una de las competencias que habría que devolver al Estado».
Para el portavoz de Vox el decreto crea inseguridad jurídica y la política del Govern en vez de impulsar la creación de un parque público «opta por la propaganda» y por «rescatar a los grandes tenedores con el dinero de los contribuyentes».
Campos ha cuestionado, además, que el decreto dé potestad a los inspectores para actuar de manera encubierta.
El portavoz adjunto de Cs, Marc Pérez-Ribas, por su parte, también ha cuestionado la legalidad de que los inspectores puedan actuar de forma encubierta y ha lamentado el abuso de la figura del derecho de tanteo y retracto.
«Es más social construir vivienda pública de la manera tradicional que no ir comprando pisos por el sistema del tanteo y retracto, que acaba financiando a los grandes propietarios», ha defendido.
Pérez-Ribas ha adelantado que durante la tramitación como proyecto de ley su grupo, como ha hecho habitualmente, hará propuestas encaminadas a que el parque de viviendas públicas pueda construirse desde la colaboración público-privada.
También ha criticado el «abuso del decreto» el portavoz adjunto de El PI, Josep Melià, que ha lamentado el «caos jurídico» generado decreto tras decreto.
Melià ha criticado especialmente que el decreto fíe gran parte de la política de vivienda a las sanciones, el abuso del derecho de tanteo y retracto –«lo quieren para todo y en todo momento»– así como el escaso margen de participación que dejan a entidades locales.
En el turno de intervenciones de los grupos que han dado apoyo a la validación del decreto, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez, ha hecho hincapié en que en los últimos años se han incorporado nuevos actores al segmento productivo de la vivienda.
«La entrada de los fondos buitre ha convertido la vivienda en un negocio, agravando un problema que ya venía siendo doloroso para una parte importante de la población», ha destacado Jiménez.
El diputado de UP ha destacado que por encima del derecho a la propiedad privada de un gran propietario está el derecho a una vivienda digna.
Desde MÉS per Mallorca, el diputado Joan Mas ha celebrado que el decreto «mejora el acceso a la vivienda» y ha alabado «el esfuerzo de la conselleria».
Mas ha destacado que la norma refuerce el control sobre los grandes tenedores «para que no abusen de las familias vulnerables».
«No nos podemos permitir viviendas vacías y familias en la calle. Las viviendas son para vivir, no para especular», ha concluido.
Por su parte, el diputado del PSIB Joan Ferrer ha destacado que la política desarrollada por la conselleria de Movilidad y Vivienda en este sentido, «es la política que el PSIB quiere que se realice y se siga aplicando».
Ferrer ha resaltado que, en apariencia, las mejoras sobre la Ley de Vivienda que contempla el decreto son de trámite y administrativas pero, lejos de esto, «completan la política de vivienda que defienden los socialistas».
También a favor del control de los grandes propietarios y en contra del «abuso» del decreto se ha mostrado la diputada del Grupo Mixto Patricia Font.
