La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya ha recibido respuesta al escrito que presentó en diciembre de 2019 al Defensor del Pueblo en el que, entre otras denuncias, señalaba a la sobreocupación como el origen de los conflictos en el Centro de Primera Acogida ‘Hortaleza’ de la Comunidad de Madrid.
En el escrito, esta institución da la razón a CSIF y considera «fundamental» que «se reduzcan las plazas para garantizar la atención individualizada que exige el ordenamiento jurídico».
El informe da cuenta de la respuesta de la Consejería de Políticas Sociales a la queja remitida por parte del sindicato a la institución estatal que dirige en funciones Francisco Fernández-Marugán. Así, pese a reconocer el esfuerzo para crear nuevos recursos y plazas, el Defensor subraya que no se ha seguido la recomendación de limitar las plazas en el centro de Hortaleza y en el Isabel Clara Eugenia.
En este sentido, indica que pasar a 90 plazas en Hortaleza en julio de 2020 «supone casi multiplicar por tres las 35 plazas para las que fue diseñado el centro». «La Consejería tampoco ha explicado si se ha ampliado el personal y los espacios comunes o su organización ante un aumento de capacidad», dice el informe, que da por no aceptada la recomendación formulada y que pide datos actualizados de plazas y condiciones en ambos centros así como el número de educadores para atenderlos.
El Defensor del Pueblo también pide a la Consejería de Políticas Sociales que informe de las mejoras logradas respecto al tiempo máximo de estancia en centros de primera acogida, que no debe superar los tres meses. En otro párrafo, esta institución se refiere a los informes educativos y se muestra sorprendida de que no puedan facilitarse datos sobre los mismos, «ya que desde el centro se debe llevar un registro con la información de cada menor» y con las actuaciones específicas realizadas.
Así, pide a la Consejería que aclare las razones por las que no puede facilitar esos datos y que informe de las medidas de protección que han sido adoptadas en 2018, 2019 y 2020 en el centro de menores de Hortaleza.
Sobre la investigación de las agresiones, que según afirma la Consejería suelen ser «de los menores a los trabajadores, y no al revés», el informe destaca que Políticas Sociales no remite protocolo alguno que articule específicamente qué hacer cuando se produce una agresión en este centro. Para el Defensor es necesario establecer «un protocolo interno de investigación y esclarecimiento de las agresiones denunciadas por los menores, las medidas a adoptar y la depuración, en su caso, de responsabilidades».
CSIF se dirigió en diciembre de 2019 al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid para denunciar la sobreocupación permanente del centro de Hortaleza. Lo hizo un día después de reunirse con el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
En aquella reunión, el sindicato propuso a la Comunidad dividir a todos los menores en tres grupos: los que acaban de llegar, los que están inmersos en un proyecto educativo y los que están en preparación para salir del centro. También pidió que los menores sean evaluados adecuadamente al llegar al centro, porque en muchos casos precisan de recursos institucionales adecuados y diferentes a los que ofrece ‘Hortaleza’.
Ante este informe del Defensor del Pueblo, CSIF ha solicitado una reunión urgente con Enrique Ruiz-Escudero, consejero de Sanidad en funciones con las competencias atribuidas de Políticas Sociales.
