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El presidente del TSJPV afirma que el estado de alarma daría más seguridad jurídica y confianza social

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha afirmado que si se hubiera prorrogado el estado de alarma para luchar contra la pandemia de la Covid-19 habría una mayor seguridad jurídica y confianza social. Además, ha considerado que las diferencias que mantienen Gobierno Vasco y el TSJPV sobre las medidas a aplicar se deben a “la falta concreción a nivel normativo”.

En una entrevista concedida a El Correo, Subijana ha recordado que el estado de alarma “es el espacio jurídico que, por precisión normativa, garantiza la seguridad jurídica”. “La que tiene que regular un marco de restricción y la limitación de un derecho fundamental es una ley orgánica”, ha añadido.

A partir de ahí, ha explicado que los jueces “tienen que verificar si esa ley permite esa injerencia, y si es necesaria y proporcionada para lograr la finalidad que se propone”.

Tras precisar que él preside el TSJPV, pero no forma parte de la Sala de lo Contencioso administrativo –que ha rechazado algunas medidas que pretendía aplicar el Gobierno Vasco tras el estado de alarma, como el toque de queda nocturno, los confinamientos perimetrales o el límite de agrupaciones de cuatro personas–, ha reclamado “respeto para el ámbito jurisdiccional”.

En su opinión, existe “un respeto institucional” entre el Ejecutivo autonómico y el Tribunal Superior de Justicia, y ha señalado que las diferencias que mantienen respecto a la aplicación de las medidas anticovid “se entienden porque falta concreción a nivel normativo”.

El magistrado ha insistido en que “el nivel de seguridad jurídica máxima” es la del estado de alarma, mientras que la Ley de Salud Pública de 1986 está “en un escalón inferior”. Según ha apuntado, esta última norma “está expresamente prevista para actuaciones sobre personas concretas, pero presenta serias dudas sobre si se puede extender a colectivos indefinidos”. “Y con esa incertidumbre, se abre la puerta a que haya interpretaciones distintas”, ha subrayado.

Iñaki Subijana ha admitido que, si se hubiera mantenido el estado de alarma, habría “una mayor seguridad jurídica porque es claro y diáfano, y a la hora de hacer una injerencia en los derechos fundamentales, hay una justificación legal”.

Tras rechazar realizar valoraciones sobre la razón por la que el Gobierno central no ha prorrogado este instrumento excepcional, ha insistido en que, “en términos jurídicos, la mayor seguridad se hubiera dado con un estado de alarma que estaba vigente” o, en todo caso, con la modificación de la Ley de Salud.

LOS JUECES

El presidente del TSJPV cree que “se está colocando a los jueces en una función de tomar decisiones en un contexto normativo no suficientemente explícito”. A su entender, se debe hacer “una reflexión sobre cuál es el mejor instrumento normativo para generar dinámicas de confianza ciudadana y limitar al máximo las certidumbres”.

En este sentido, ha apuntado que se debería haber pensado “en lo que hubiera permitido lograr mantener ese máximo de certeza normativa que, a su vez, hubiera posibilitado una mayor confianza social y una discrepancia jurídica mínima”.

Subijana ha dicho que ahora “se está pretendiendo reaccionar frente a las imprecisiones normativas a través del mecanismo” de la vía al recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que unifique doctrina.

El máximo representante del TSJPV ha indicado que “la mayor seguridad jurídica se logra cuando se introducen elementos preventivos”, mientras que “los instrumentos reactivos son, en cierta medida, una respuesta de menor calado”. “No evitan la situación, sino que reaccionan ante ella y dan esa confianza social. Y ahí, por ejemplo, hubiese estado la reforma de la Ley de Salud o el mantenimiento del estado de alarma”, ha manifestado.

Tras recordar que un estado de alarma es “la manifestación de un estado de emergencia”, ha señalado que, si se activa, es “porque se considera que la única medida necesaria para controlar la covid es la restricción de derechos fundamentales”.

UN SISTEMA PREVENTIVO

Preguntado por si la clase política ha estado a la altura de las circunstancias, ha respondido que “lo que no se ha llegado a articular es un sistema preventivo para manejar esta situación”. “Las claves de por qué no se ha llegado a hacer, no las sé”, ha puntualizado.

La actual situación obliga al sistema judicial, según ha explicado, “a ser claros en sus mensajes y a justificar todavía más las decisiones que adopta”. Sobre las críticas que ha recibido Luis Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJPV, tras avalar la apertura de la hostelería, ha afirmado que hay que “huir de personalizar”.

“Las decisiones las toma un tribunal colegiado formado por tres magistrados que tienen el mismo peso jurisdiccional. Los argumentos se toman a través de una norma automática y decidiendo si hay proporcionalidad. Y ese debate está aquí y en Europa”, ha remarcado.