El que fuera director general de Sa Nostra, Pere Batle, ha defendido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso ‘Sa Nostra’ la operación de 2008 por la que la entidad dio el visto bueno a que el Grupo Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca dado que «se mejoraba de deudor» y se los quedaba un grupo «altamente profesional».
Este miércoles ha arrancado el juicio oral en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra los empresarios Martín Gual y Javier Collado. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.
Según la Fiscalía, la cuantía de la financiación desviada del destino para el que Sa Nostra decidió concederla al Grupo Martín Gual ha sido finalmente establecida por los inspectores del Banco de España en, al menos, 30 millones de euros. Mientras que los perjuicios ocasionados a la caja por las operaciones llevadas a cabo por los acusados alcanzan una cuantía entre 65,5 y los 48,1 millones.
«La convicción íntima que tenía es que la operación debía llevarse a cabo sí o sí porque mejorábamos de deudor», ha señalado a preguntas de la Fiscalía para luego aclarar que el cambio se produce porque los suelos, tasados en 80 millones de euros y en zona próxima al mar y cerca del aeropuerto, eran propiedad de una compañía con riesgo hipotecario (FBEX).
«Con la compraventa –por una sociedad propiedad de Gual, Haras Gestión– se mejoró el gestor, no hubo incremento de riesgo sino compraventa de activo y con esta adquisición mejoramos las expectativas de la gestión urbanística», ha recordado apuntando que al poco tiempo ese suelo que era rústico se convirtió en urbano.
Para Batle, fue la mejor solución porque Gual tenía una amplia experiencia, ya habían trabajado con anterioridad con él, por lo que a preguntas de su defensa ha afirmado con rotundidad que si tuviera que decidir de nuevo, haría lo mismo: «Era la mejor solución y la volvería a tomar».
Con todo, ha aclarado que ese tipo de decisiones de financiación nunca se tomaban unilateralmente sino que siempre se apoyaba en los comités creados a tal fin, y ha añadido que en la caja siempre se realizaban análisis por parte del comité de riesgos. En el caso de la operación con Gual no lo ha podido asegurar taxativamente pero cree que también.
APROPIACIÓN INDEBIDA
Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. «El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad», indicaba.
El Ministerio Público indica que , en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver «se concertaron con Martín Gual para que éste se colocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras».
«El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la Caja y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico», sostenían el Ministerio Fiscal.
GUAL, «UNA PERSONA ESCRUPULOSA, DE LOS MEJORES PROMOTORES»
En su declaración, Batle ha reconocido que Martín Gual era un promotor conocido porque era al que la caja le financiaba más viviendas. De él ha dicho que era persona «escrupulosa» y que «no empezaba una promoción sin un numero de ventas» determinado. «Lo llevaba todo muy bien, era de los mejores promotores», ha indicado.
En el caso de Son Bordoy, ha apuntado que no realizaron una nueva valoración de los suelos cuando dejaron el impulso de esa promoción a Gual porque con la que se había realizado en 2006 «era suficiente». Y esto a pesar de que la fiscal del caso le ha recordado que en 2008 la situación económica era de crisis y el sector inmobiliario se estaba viendo muy afectado.
Pero Batle ha señalado convencido que esos terrenos «habían mejorado notablemente» su valoración debido a la nueva ley que iba a permitir su transformación de rústico a urbano y porque «la situación era magnífica». «No hicimos la valoración porque entendíamos que solo había mejoras y así evitábamos gastos y se evitaba dilatar en el tiempo la operación», ha indicado, a pesar de que el Ministerio Público le ha recordado que finalmente esa promoción urbanística no se llevó a cabo.
Tras esto, la fiscal se ha interesado por quien decidió finalmente dar el vito bueno a esa operación, a lo que Batle ha respondido que quien decide es la Comisión Ejecutiva pero conel visto bueno del comité de inversiones. Además, ha apuntado ante un informe en el que se afirmaba que Son Bordoy era inviable que la operación «fue bendecida por el gobierno balear y por el Ayuntamiento de Palma» y contemplaba la construcción de 750 viviendas.
En cuanto a los terrenos de Son Morlá y Son Morlanet ha explicado qeu se le pidió a Gual que pusiera los terrenos en valor, como en Son Bordoy, y que se siguieron los mismos criterios. «Eran terrenos tasados en 39 millones y se fueron subrogando con el mismo criterio que con Son Bordoy», ha recordado para luego matizar que el promotor estaba convencido de poder llevar la operación urbanística a buen término y que de hecho «puso 10 millones de su bolsillo».
EL SEGUIMIENTO DEL DINERO
Sobre el seguimiento por parte de Sa Nostra del dinero usado por Gual, ha puntualizado que siempre llevaban el seguimiento del mismo y que la pericial encargada de parte le dejó tranqquilo porque pudo comprobar que todas las operaciones de ingreso por préstamos se han aplicado a lo que eran las necesidades propias de la financiación. «Hemos cuadrado», ha dicho, para añadir que además los gastos de las sociedades de Gual han superado en 3 millones a los ingresos.
En cuanto al dinero de los préstamos bancarios que el promotor movió al extranjero y a otras cuentas, Batle ha indicado que si bien hubo «trasvases intragrupo», el dinero recibido por Haras y por Nueva Palmira –ambas sociedades de Gual– fue 3,7 superior al que se traspasó desde ellas a otras sociedades. «Tuvo fallas de liquidez e hizo transferencias entre estas sociedades», ha indicado.
De la aprobación en el seno de Invernostra (sociedad de inversiones de Sa Nostra) para intentar conseguir un tercer inversor que sustituyera a Gual en Sepik y Paine –ambas mercantiles participadas por la entidad–, Batle ha explicado que apoyó esa opción y que se le dieron garantías a Gual de que al año, si no lograban un tercero, se quedaban con su parte en la caja.
Ha explicado que se debió a que con esa operación se conseguía «librar de una responsabilidad a Martín Gual y a la vez que tuviera liquidez», y ha añadido que no obstante esa liquidez no fue relevante porque lo destinó a pagar préstamos. «Consideré que la operación era beneficiosa en su conjunto para la caja», ha añadido.
