El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir a las Cortes Generales el proyecto de ley de la Fiscalía Europea, por el que se adapta el ordenamiento español a las exigencias comunitarias para poner en marcha esta nueva institución, cuyo objetivo será perseguir los delitos que afecten a los intereses económicos de la UE.
El Gobierno ya aprobó el pasado 24 de noviembre el anteproyecto de esta ley y el de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), dos borradores que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, presentó vinculados porque la nueva LeCrim tiene entre sus objetivos implantar las novedades que introduce la Fiscalía Europea en el proceso penal español.
La nueva norma, que ahora iniciará su recorrido parlamentario, tiene por objeto adaptar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La Fiscalía Europea, que tendrá su sede en Luxemburgo, se configura como un órgano independiente y descentralizado con competencias para investigar y acusar ante los órganos judiciales de los estados miembros por los delitos que afecten a los intereses económicos de la UE, tales como el fraude en ayudas o subvenciones europeas, corrupción que afecte a fondos transferidos por la UE o delitos graves de defraudación de IVA transfronterizo.
En los 22 estados miembros que participan en el proyecto, la actuación descentralizada se llevará a cabo a través de los fiscales europeos delegados que, de acuerdo con dicho reglamento, dirigirán la investigación penal en relación con esos delitos que se hayan cometido después de la fecha de entrada en vigor del mismo, el 20 de noviembre de 2017.
España ya ha designado a los siete fiscales europeos delgados que le corresponden, entre los que destaca el juez Pablo Ruz, instructor del caso ‘Gürtel’, aunque será el Colegio de Fiscales Europeos quien realice el nombramiento definitivo, pudiendo rechazarlos si no cumplen requisitos.
CAMBIO DE MODELO
Los reglamentos de la UE son una norma de aplicación directa, pero hay adaptar el ordenamiento nacional para su puesta en marcha, sobre todo en casos como el español, donde la investigación penal sigue en manos de los jueces de instrucción, según ha recordado el departamento que dirige Campo.
El proyecto de ley aborda precisamente el cambio de modelo procesal necesario para poder aplicar el reglamento en España, que además de los fiscales instructores introduce otras novedades respecto a la LeCrim vigente.
Así, crea la figura del juez de garantías, que se centraliza en el ámbito de la Audiencia Nacional. Su cometido será autorizar las medidas de investigación que supongan injerencia en los derechos fundamentales.
Se prevé también un nuevo régimen de recursos adaptado a la distribución de funciones entre el fiscal europeo delegado, el juez de garantías y la regulación de la nueva audiencia preliminar durante la fase intermedia destinada a preparar el juicio oral.
Igualmente, ha destacado el Ministerio de Justicia, resulta novedosa la regulación de la prueba transfronteriza o de las medidas cautelares aplicables a la persona jurídica.
