Justicia ofrece a los LAJs trabajar de manera conjunta tras sus quejas

El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, se ha reunido este viernes con las asociaciones de letrados de la administración de justicia (LAJs) para abordar el anteproyecto de la ley de Eficiencia Organizativa, un texto que se ha ofrecido a trabajar de manera conjunta después de que los LAJs enviaran una carta al ministro, Juan Carlos Campo, expresando su «profundo malestar» por no haberles escuchado antes.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, Zapatero les ha explicado los aspectos formales del borrador y les ha ofrecido trabajar de manera conjunta para mejorarlo, mientras que las asociaciones de LAJs han realizado una serie de aportaciones iniciales que se han comprometido a ir completando a lo largo del proceso de tramitación del anteproyecto de ley.

La reunión venía precedida por la carta que CNLAJ, UPSJ y AINLAJ enviaron a Campo para expresarle su «profundo malestar» por el «trato insensible» que –según afirman– han venido recibiendo de su departamento en las consultas sobre los proyectos legislativos en marcha y exigirle una «escucha activa», amenazando con buscar «fórmulas alternativas» de comunicación con el Ministerio si no cambia de actitud.

El «colmo», señalaron, fue que Justicia les envió el pasado martes, el mismo día que quedó aprobado en Consejo de Ministros, el anteproyecto de la ley de Eficiencia Organizativa, de cara a la cita de este 23 de abril, a la que les convocó el día 16 con la indicación de que unos días antes de la reunión les enviaría la documentación pertinente para que pudieran hacer sus aportaciones.

«Se supone que esa reunión se convoca con la finalidad de avanzar en su contenido, fomentando nuestra participación en el texto (…) pero la realidad no es esa», dijeron en la misiva a Campo, cuestionando el objeto de dicho encuentro, «más allá de cubrir el expediente administrativo y justificar ante la opinión pública la existencia de participación por parte de los colectivos afectados por la norma».

Las asociaciones firmantes han trasladado este mismo malestar al equipo del Ministerio de Justicia durante la reunión de este viernes. Según ha contado el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Francisco Aguilar, han manifestado que les gustaría participar en los proyectos legislativos que afecten a los LAJs en una fase «embrionaria», no cuando ya haya tomado la forma de anteproyecto de ley.

ENCUENTRO «CONSTRUCTIVO»

Desde el Ministerio, ha relatado Aguilar, les han asegurado que están dando a los letrados de la administración de justicia el mismo trato concedido a otros sectores profesionales afectados, achacando las eventuales prisas a la rapidez con la que estaría actuando el departamento de Campo para sacar adelante los proyectos legislativos que tiene pendientes.

En el caso concreto de este anteproyecto de ley, el equipo ministerial se ha mostrado abierto a escuchar las alegaciones que quieran hacer los letrados de la administración de justicia y les ha emplazado a presentarlas por escrito para abordarlas en futuras reuniones, de acuerdo con el portavoz de la UPSJ y con el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Rafael Lara.

En este sentido, ha comentado Lara, se puede considerar que la reunión ha sido «constructiva». «Ha servido para limar asperezas», ha coincidido Aguilar.

Además de UPSJ y CNLAJ, al encuentro han asistido representantes del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ). Por parte del Ministerio han acudido Zapatero, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, y la directora general del Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste.

UN TEXTO CONFUSO

Tanto Lara como Aguilar han explicado que sus reticencias a dicho borrador se deben a que creen que no contribuirá a dotar de mayor eficiencia a la administración de justicia, sino a generar «confusión» porque no deslinda claramente las competencias que tendrán los distintos profesionales que trabajarán en los nuevos tribunales de instancia y en las oficinas judiciales.

Lara ha indicado que «va a generar una jerarquización dentro de los tribunales de instancia que va a afectar al diseño de la oficina judicial» y eliminará los servicios comunes de ordenación de procedimiento para dar paso a las unidades de tramitación, dos cuestiones que afectan directamente a los LAJs como responsables de las oficinas judiciales y de los servicios comunes.

«Hay una falta de determinación que puede generar confusión en cuanto a lo que es la competencia jurisdiccional que corresponde a los jueces y las competencias de dirección de la oficina judicial que les corresponden a los LAJs», ha advertido el presidente del CNLAJ.

El equipo del Ministerio de Justicia ya se reunió el jueves con asociaciones de jueces (APM, AJFV, JJpD y FJI) y fiscales (AF, UPF y APIF), así como con el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y el Consejo General de Procuradores, para explicarles el anteproyecto de ley.

Conforme a sendos comunicados de Justicia, el encuentro con asociaciones de jueces y fiscales transcurrió en «un ambiente cordial» en el que se hicieron nuevas propuestas, mientras que abogados, procuradores y graduados sociales valoraron positivamente el borrador. En ambos casos, las partes se comprometieron a seguir debatiendo el texto en futuros encuentros.