El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha solicitado este viernes que las administraciones competentes en materia migratoria «intensifiquen» la coordinación para «mejorar de inmediato» la atención que reciben actualmente los migrantes alojados en los recursos de la isla.
Lloret se ha remitido al informe de Amnistía Internacional en el que «denuncia condiciones indignas» en los recursos de acogida a los migrantes, al tiempo que advierte de que la pandemia «no puede ser el pretexto para restringir» los derechos de migrantes y solicitantes de asilo en las islas.
Añade Lloret, que al igual que la organización reclama una mayor coordinación entre las administraciones, el Cabildo de Fuerteventura lleva «tiempo» insistiendo en esa demanda.
En concreto, este jueves, tras el repunte de 32 casos de coronavirus en Fuerteventura, detectados mayoritariamente tras un cribado protocolario entre la población inmigrante, Lloret exigía «al área de Sanidad de Gobierno de Canarias y al Estado que se coordinen y pongan los medios necesarios para establecer las necesarias medidas de control en los recursos de acogida a migrantes».
Asimismo, ha señalado que el Cabildo, que no tiene competencias en materia de gestión migratoria, «ha mostrado en todo momento su voluntad de cooperar» con las administraciones competentes para ofrecer una «atención digna a los cientos de migrantes que han llegado a las costas majoreras».
Actualmente, añadió, el Cabildo continúa colaborando para controlar la situación sanitaria derivada de la inmigración, apuntando que la segunda nave para acoger inmigrantes estará operativa a partir de la próxima semana, si bien dice «no» entender que El Matorral «no haya comenzado a descongestionarse cuando el propio representante estatal de Migraciones, Carlos Montero, reconoció hace días la necesidad de bajar los niveles de ocupación de los recursos y de comenzar a trasladar a la Península a parte de los migrantes’.
Por último, el consejero insular de Políticas Sociales, Adargoma Hernández, ha recordado que llevan «tiempo advirtiendo de que esto podría ocurrir» y ante la denuncia de Amnistía ha señalado que «no» se debe olvidar que «estas personas son seres humanos, no personas de segunda categoría, y merecen ser atendidos en las mejores condiciones».
