Helena Maleno denuncia una «deportación violenta» de Marruecos

La activista Helena Maleno ha denunciado este lunes que ha sufrido «una deportación violenta y hostigamiento» por su labor en la defensa de los derechos humanos, después de que el pasado 23 de enero le fuera denegada la entrada a Marruecos, país en el que reside con sus hijos desde hace 18 años.

Maleno, periodista e investigadora especialista en inmigración y trata de seres humanos, colabora como activista en la ONG ‘Caminando Fronteras’ y es reconocida internacionalmente, principalmente, por su labor alertando a Salvamento Marítimo –por teléfono o redes sociales– de la presencia en el mar de pateras, con el objetivo de que se activen los diferentes protocolos para su rescate.

En 2018, la activista fue investigada por la policía de Marruecos acusada de tráfico de personas en el país. De estas acusaciones, de las que salió absuelta, podría haber sido condenada a cadena perpetua.

Es por eso que, la activista enmarca su situación actual en el «cuadro de violencia» que lleva sufriendo «durante varias décadas». Tal y como ha explicado, lleva «años» sufriendo criminalización, tanto por parte de las autoridades marroquíes, como por la Policía española, que ha desembocado en su deportación hace dos meses.

«La situación a la que me llevo enfrentando en los últimos años es insostenible para mí y para mi familia. Mi trabajo es defender el derecho a la vida de todas las personas y eso no es delito. Lo único que pido es que se protejan mis derechos fundamentales y los de mi familia y que la labor de las defensoras de derechos humanos no sea criminalizada», ha denunciado.

Maleno y la coordinadora de la ONG ‘Caminando Fronteras’ y portavoz del equipo de protección internacional de la activista, María San Martín, han explicado que se trata de una decisión que «viene de Rabat» y de la que el Ministerio del Interior «estaba al tanto. No así, han explicado, el Ministerio de Exteriores.

VÍA ADMINISTRATIVA TRAS LA VÍA JUDICIAL

Tal y como apuntan, tras salir absuelta de los diferentes juicios a los que fue sometida, Marruecos ha decidido «actuar por la vía administrativa» denegándole un permiso que renueva cada cinco años, según ha indicado San Martín, y que ya se le había concedido hasta en cinco ocasiones.

En este sentido, ha asegurado que actualmete no tiene garantías de poder volver a Marruecos y asegura que la policía de dicho país ya ha entrado en dos ocasiones en su casa, en este periodo, para recoger documentos e, incluso, un teléfono móvil antiguo de su propiedad.

Sobre el departamento que dirige Arancha González Laya, Maleno ha explicado que se ha «volcado» para «reparar» su situación. Sin embargo, sí ha acusado a la Policía española de actuar en connivencia con su homóloga marroquí para que ella esté sufriendo la situación que está viviendo ahora: está «sin casa», sin «las cosas que se van acumulando durante 20 años en una vivienda» y sin poder ir al país que sus hijos «consideran el suyo».

Preguntada por las pruebas que puede tener sobre esta postura de la Policía Nacional, Maleno ha explicado que existen «comunicaciones extrajudiciales» entre esta y la policía marroquí en las que se habla de ella. En concreto, según ha explicado, la UDEF pide a sus homólogos que la investiguen «por tráfico de personas» en Marruecos. Además, se habla de un «presunto dossier» en el que la Policía pide a Marruecos que la condenen a cadena perpetua, entre otras cuestiones.

DESPROTEGIDA Y PERSEGUIDA

En general, ha indicado la activista, no se siente «protegida» por el Gobierno español. «Tengo más miedo que sensación de protección», ha apuntado Maleno ante los periodistas. De hecho, ha asegurado sentirse hasta «perseguida». A su juicio, sólo siente apoyo de las organizaciones que se han volcado con su caso, tanto en los juicios en su día, como ahora, incluyendo el Consejo General de la Abogacía de Madrid, en donde ha celebrado la rueda de prensa.

De hecho, distintas organizaciones, así como ciudadanos de forma individual, han firmado una carta dirigida hacia el presidente del Gobierno, en la que le reclaman el cese del «hostigamiento» que, a su juicio, sufre la activista y que se «repare el daño» que se le ha causado «a lo largo de todos estos años».

Así, llaman a un reconocimiento público del trabajo de Maleno como defensora de derechos humanos y el impacto positivo de su labor para la democracia y el Estado de derecho; el cese de la criminalización, depurando responsabilidades en las instituciones pertinentes para la no repetición de acciones persecutorias contra su persona; protección hacia Maleno y su familia; y la reparación de los daños instigados contra la defensora y su familia.

En el acto, la activista ha estado acompañada de la actriz Alba Flores la activista antirracismo Moha Gerehou, además de San Martín.