La Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familiares (ADEMAF), la Marea de Residencias y otros colectivos han pedido a los candidatos a Presidir la Comunidad de Madrid a que se comprometan a elaborar una Ley de Residencias que las dote de más financiación, personal, servicios médicos y que se garantice a los usuarios el acceso hospitalario en todo momento.
Según señalan en la petición publicada a través de la plataforma Osoigo, la pandemia de Covid-19 ha dejado al descubierto «las graves y numerosas deficiencias del sistema de residencias en España». La estadística oficial del Ministerio de Sanidad recoge más de 30.000 muertos en nuestro país, un número que sería mayor al no incluir a fallecidos en la primera ola que no tuvieron una prueba diagnóstica.
La Comunidad de Madrid está a la cabeza en número de muertos en estos centros: 6.187 vidas perdidas (casos confirmados y con síntomas compatibles) según los datos del IMSERSO. Un reciente informe de Envejecimiento en Red indica que esta cifra de mortalidad es un 53% mayor que la media de todo el país.
Ante estos datos, estas asociaciones han vuelto a reiterar su «más absoluta repulsa a la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid antes, durante y después de la pandemia de Covid-19».
«Esta gestión ha tenido resultados especialmente trágicos tras el protocolo firmado por Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria. Mediante este protocolo se excluía de la derivación hospitalaria a los residentes con dependencia ante el mayor pico incidencia del virus», ha apuntado.
ADEMAF, Marea de Residencias y otros colectivos llevan tiempo denunciando las deficiencias del sistema de residencias. «Si de algo ha servido esta crisis, ha sido para poner en evidencia que el sistema de cuidados está obsoleto. Hay que cambiarlo radicalmente, desde los cimientos. Buscamos un cambio estructural», consideran.
«Ahora que nuestros representantes políticos en Madrid están de nuevo en campaña queremos llamar su atención y exigirles que nunca olviden lo que ha pasado en las residencias. ¿Cómo se posicionan cada uno de los partidos en esta materia? ¿Cuáles son sus promesas sobre la gestión de las residencias si llegan a gobernar la Comunidad de Madrid?», se preguntan.
Las asociaciones firmantes pide que se pongan a los mayores en el centro de cuidados e impedir que estos sean un negocio para empresas privadas. «Es necesario que progresivamente, pero sin demora, la atención a las personas sea un derecho garantizado por las instituciones mediante servicios públicos gestionados sin intermediarios», apuntan.
Además, aspiran a que los cuidados se realicen preferentemente en el propio domicilio de la persona o en pisos adaptados. Pero hasta llegar a conseguir ese propósito, piden al Gobierno central que garantice un marco legal, una ley estatal que las comunidades autónomas deben desarrollar y aplicar. Una ley de mínimos suficientes con una serie de puntos que consideran «indispensables y urgentes».
RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA Y APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN
Así, ven fundamental destinar un presupuesto para inversión en la construcción de pequeñas residencias de gestión directa, que sean accesibles y con amplios recursos técnicos y construidas en centros urbanos de proximidad para permitir la integración del residente en su entorno familiar.
También la Digitalización de los datos para que los historiales de los residentes, que son datos sensibles, para que no se pierdan de ordenador en ordenador cuando las empresas cambien de gestión.
En cuanto al personal, estas asociaciones de familiares de residentes ven «muy importante» que se especifiquen los trabajadores de presencia en cada turno, definiendo el número de profesionales en cada categoría. Siempre atendiendo al número de plazas y al grado de dependencia, teniendo en cuenta la proporción óptima para que la persona sea el centro de los cuidados.
Por otro lado, exigen que personal sanitario de las residencias pase a depender del sistema público de salud; conectar los historiales digitalizados de los residentes con el centro de atención y el hospital que les corresponda; garantizar siempre el acceso a la atención hospitalaria cuando el estado de salud del residente lo requiera.
FORMACIÓN ADECUADA DEL PERSONAL
También quieren que cuidadoras tengan la formación adecuada, así como acceso a la formación continua a lo largo de su vida laboral. Las TCAE tienen un contacto estrecho y frecuente con los residentes. Por eso propone un mínimo de un TCAE por cada cuatro residentes en los turnos de mañana, uno por cada cinco residentes en los turnos de tarde. Por la noche, un TCAE por cada 8 residentes.
En cuanto a los cuidados y actividades de los residentes, piden que los menús y dietas mejorar su calidad, sean equilibrados y elaborados por especialistas. El médico debería cerciorarse de que a cada residente se le aplique la dieta que le corresponda según su salud.
Las actividades diarias deben realizarse de forma preventiva, pensando en conservar las capacidades físicas y mentales de los residentes. Para ello, ADEMAF y Marea de Residencias ve preciso dotar a las residencias de equipos multidisciplinares en proporción suficiente atendiendo siempre a las necesidades individuales y del conjunto.
FLEXIBILIDAD EN LAS VISITAS
Igualmente, entiende que usuarios tengan derecho a ausentarse de las residencias cuando lo deseen o cuando exista algún riesgo para su salud, comunicándose siempre por escrito a la residencia los motivos de la ausencia. Y que las familias dispongan de horarios de visita flexibles, respetando las actividades diarias.
Por último, quieren promover en todas las residencias un consejo de usuarios, con la participación de familiares o amigos, que podrán ser tutores legales si así lo designan los residentes. «Este consejo debe tener derecho a tener la información precisa para asegurar que se cumplen escrupulosamente los requisitos establecidos en esa ley de residencias», apuntan.
Por último, estas asociaciones de familiares de residentes instan a la Administración a realizar inspecciones periódicas y exhaustivas a las residencias y el grado del cumplimiento de la ley, solicitando los inspectores la presencia de miembros del consejo de usuarios y de trabajadores de la residencias. Dicho consejo de usuarios realizará de forma periódica informes vinculantes sobre la marcha del centro.
