La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y el Consejo General de la Abogacía Española han firmado este jueves un convenio que permitirá que todos los internos dependientes de la Administración General del Estado (AGE) se puedan comunicar con sus abogados a través de videoconferencia.
Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, el objetivo de la medida es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de las herramientas tecnológicas y, en concreto, de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de IIPP.
Así, la Administración penitenciaria se ha comprometido a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones para que este tipo de entrevistas se realicen en las condiciones que marca la Ley y con las debidas garantías de confidencialidad. El Consejo General de la Abogacía, por su parte, se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en todos los colegios de abogados.
Además, el convenio prevé que ambas partes desarrollen un protocolo de uso del sistema para que quede garantizado el carácter complementario y no sustitutivo de las entrevistas presenciales entre letrados y personas privadas de libertad, que seguirán siendo la base fundamental de su defensa.
En la firma del acuerdo han intervenido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz, quien ha destacado que el convenio supone «un paso más en la mejora del derecho de defensa de las personas privadas de libertad en un doble sentido: por un lado, la agilidad en el acceso de internas e internos a sus defensores y, por otro, las facilidades en el desempeño de la labor de letradas y letrados».
Victoria Ortega ha subrayado, por su parte, que con la extensión de esta opción a todas las cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias se conseguirá «ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes». Todo ello, «sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos», ha asegurado.
El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019, tras la firma de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica de las personas privadas de libertad en las prisiones de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Malaga II (Archidona). Tras el éxito de aquella experiencia, el año pasado el sistema se extendió a los centros penitenciarios Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real).
