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El Parlamento balear recurre los PGE 2021 ante el TC por no dotar el factor de insularidad

El Parlament balear ha formalizado el recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 por no incluir el factor de insularidad, algo que «hace irreconocible el Régimen Especial de Baleares» aprobado por el propio Estado a través de un Real Decreto en 2019.

La Cámara acordó presentar el recurso en un pleno celebrado el pasado 2 de marzo, con los votos a favor de la oposición, además de MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca -partidos que apoyan al Govern-, y en contra de GxF, Unidas Podemos, Vox y socialistas. Los servicios jurídicos del Parlament han redactado el recurso, que se presentó este martes.

En el escrito, el Parlament apela a una «discriminación estructural» por parte del Estado hacia Baleares, recordando que se encuentra a la cola de la inversión estatal no solamente en algunos ejercicios, sino de forma general. «La desigualdad que sufren las Baleares de forma sistemática por los PGE es evidente y palmaria, realidad que ha sido constatada por multitud de estudios», alega.

El recurso argumenta que al no existir mecanismos de ajuste que garanticen este impacto, se cae en «un incumplimiento flagrante de los principios básicos del ordenamiento constitucional».

En detalle, el recurso se centra en una «omisión legislativa»: el hecho de que los PGE no incluyeran una dotación del ‘factor de insularidad’, mecanismo previsto en el Real Decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para el REB para compensar la insularidad.

«NO ES CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE»

«Lo que no es constitucionalmente admisible es que el principal instrumento financiero del REB simplemente no exista en los presupuestos, porque esta inexistencia hace irreconocible el Régimen Especial, y la ignorancia del REB determina el incumplimiento del mandato del artículo 138.1», razona.

Así, «si no existe ninguna política dirigida a compensar específicamente las circunstancias del hecho insular», los intereses jurídicamente protegidos «no resultan reales, concretos y efectivamente protegidos».

Además, reprocha que el Estado «no puede difuminar y dejar sin ningún contenido el precepto» en los presupuestos cuando precisamente el mecanismo de compensación «ha sido definido y concretado por el propio Estado».

NORMATIVA «INAPLICABLE, SIN SENTIDO Y VACÍA DE CONTENIDO»

De este modo, el recurso, que se fundamenta también en una vulneración del ‘Estatut d’Autonomia’, incide en que «la cadena normativa queda incompleta» si en los PGE no se incorporan las partidas previstas en la legislación, que entiende que obliga al Estado. Esto «conduce irremediablemente a que toda esta normativa de desarrollo devenga inaplicable, sin sentido y vacía de contenido».

Igualmente, el recurso argumenta una supuesta vulneración del principio de solidaridad del artículo 2 de la CE y de los principios de lealtad institucional y de cooperación. Censura que se promulgase una ley «con carácter de extraordinaria y urgente necesidad», reconociendo un «retraso de forma clara» y después «no se cumplen las previsiones que en ella se contienen».

PERJUICIOS DEL HECHO INSULAR

Finalmente, el recurso hace un repaso a algunas consideraciones económicas vinculadas al hecho insular. Señala que, según las memorias del Consejo Económico y Social, mientras el año 2000 la renta de Baleares se situaba un 23% por encima de la de Europa, 20 años después está un 5% por debajo.

También incide en que Baleares es «aportadora neta al sistema de financiación» mientras el hecho insular es «irrelevante en el fondo de compensación interterritorial». De hecho, remarca que a grandes rasgos Baleares es la segunda Comunidad que más aporta y la décime en recursos recibidos.

Además, basándose en un estudio de un profesor de la UIB, el recurso alerta de que este impacto se traduce en una mayor carestía de vida, mayores costes de producción de las empresas, adquisición de bienes de capital, acceso a los mercados de exportación y desplazamientos, así como una «barrera» en las compras de bienes de consumo procedentes de la Península.

POLÉMICA EN EL PARLAMENT

El camino para la presentación de este recurso por parte del Parlament generó debate en la política isleña, especialmente al impulsar la iniciativa uno de los socios del Govern de Francina Armengol, formado por PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca.

Además, la propuesta había sido debatida en otro pleno, semanas antes, pero no había logrado salir adelante por la ausencia de dos diputados. Además, la votación tuvo que repetirse tras haber cosechado un empate.

Tras el primer debate, a MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI, se sumaron PP y Cs para reclamar que se volviera a tratar la cuestión, tras constatar que disponían de mayoría suficiente. Entonces la propuesta salió adelante con 30 votos a favor y 29 en contra. Unidas Podemos y PSIB votaron en contra, así como Vox.

Este mismo martes la presidenta del Govern, Francina Armengol, tuvo que referirse a este asunto en una pregunta que le planteó el diputado del PI Josep Melià. Armengol defendió que la estrategia de recurrir por la vía judicial es «equivocada».

MÉS, por su parte, expresó «satisfacción» por la formalización del recurso, y consideró que el dictamen del Consultiu, aprobado por unanimidad, «deja en meras excusas los argumentos que defendieron otros partidos como PSIB y Podemos».