La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha defendido que la armonización fiscal debe vertebrar la Hacienda Pública y tener como base el principio de solidaridad, «consagrado» en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional (TC).
Así se ha pronunciado en la mesa redonda ‘La política fiscal de las CCAA y el derecho de armonización del Estado’, dentro de la Jornada sobre Armonización de impuestos, patrimonio, sucesiones y donaciones, organizada por la Universidad San Pablo CEU.
La vicepresidenta ha mantenido que el debate no debe reducirse a la subida o bajada de impuestos, sino que tiene que determinarse qué tipos de impuestos deben integrar la Hacienda española y cómo tributar las distintas figuras para, posteriormente, abordar el nivel de imposición.
Asimismo, ha recordado que Extremadura, en el ejercicio de su autonomía normativa, llega a este debate con los «deberes hechos», ejemplo de lo cual son el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, conocido como Ecotasa, y el impuesto sobre los depósitos bancarios.
Blanco-Morales ha matizado que cuando se habla de política fiscal, lo que se dirime es a qué políticas de gasto las comunidades autónomas destinan los recursos financieros; y que la armonización fiscal tiene fundamentos constitucionales «claros» y un amparo jurídico «muy evidente» en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
De este modo, Extremadura mantiene la necesidad de revisión «en profundidad» del sistema tributario español y del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) porque, y «más» en tiempo de pandemia, existe una «descoordinación» que equivale a «ineficiencia», y «no se puede permitir esa ineficiencia cuando está en juego la calidad de los servicios fundamentales de los ciudadanos».
ARGUMENTOS
Asimismo, la titular de Hacienda ha explicado que los informes de la Comisión de Expertos para la reforma del SFA del Estado y de la Comisión de expertos para el estudio de esta cuestión en Extremadura coinciden en un posicionamiento «favorable» a la armonización fiscal en el país.
También, la vicepresidenta primera del Gobierno extremeño ha sostenido que la unidad de España se defiende armonizando el trato fiscal que reciben todos los ciudadanos, una posición que, según ha dicho, el país defiende en los foros y organizaciones internaciones de los que forma parte (Unión Europea, OCDE), como vía para encontrar un «equilibrio razonable» entre soberanía y sostenibilidad de las bases fiscales estatales.
Igualmente, Extremadura defiende que la suficiencia financiera debe prevalecer sobre la autonomía fiscal de las comunidades como garantía de una prestación igualitaria de los servicios y políticas públicas; rechaza la «injusticia» de la competencia entre regiones que parten de contextos desiguales, porque «no existe una relación inversa entre presión fiscal y nivel de riqueza y porque estas actitudes perpetúan el status quo frente a la solidaridad».
Por último, Blanco-Morales ha destacado que, en contra del discurso ideológico contra los impuestos, cada euro que se recauda de menos es una oportunidad «perdida» para promover la igualdad de oportunidades y para favorecer un crecimiento «sostenible e inclusivo».
