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El abogado Juan Vila-Coro declarará como investigado por contratar a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ ha citado para este miércoles a las 9.45 horas en calidad de investigado al abogado Juan Vila-coro al que le imputa haber participado en delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos por contratar los servicios, supuestamente ilícitos, del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Su comparecencia llega en el marco de la pieza separada número 29 y se produce después de la de Antonio Chávarri, quien fuera su socio de bufete. Chávarri a principios de marzo indicó ante el juez Manuel García-Castellón que fichó a Villarejo porque el detective privado al que solía recurrir no le funcionaba bien y que se lo presentó su socio de despacho Vila-Coro.

Además, Chávarri comentó que decidió prescindir de Villarejo al ver que no hacía nada productivo respecto al ‘encargo’ que le había encomendado. El comisario había sido contratado para que espiara al conocido empresario del deporte Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.

GRASS: MOLPECERES Y EL CONCURSO DE ACREEDORES

En el auto de imputación de ambos abogados, de 23 de noviembre de 2020, se detalla que en esta pieza se investigan los proyectos ‘Grass’ y ‘Hacha’ del entramado empresarial y profesional creado por Villarejo en torno al Grupo Cenyt.

Los servicios de Villarejo, según auto, fueron contratados en octubre de 2012, y se desarrollaron y abonaron a los largo tanto de ese año como de 2013 por lo que en esas fechas el comisario aun estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

El objetivo del encargo era salvaguardar los intereses de ‘K’ –así denominaba el comisario a su cliente– y todo arranca con la separación del abogado Antonio Chávarri de su esposa Sonia Molpeceres, hija del empresario Joaquín Molpeceres.

Con la ruptura matrimonial se inicia un «conflicto» entre Chávarri y Molpeceres, que compartían negocios inmobiliarios. El abogado, en un momento dado, entra en situación de insolvencia por años de malas inversiones en negocios inmobiliarios poco fructíferos y acaba presentando un concurso de acreedores, siendo uno de los principales acreedores su exsuegro.

En esa ecuación es en la que entra Villarejo. Chávarri teme que el concurso derive en su inhabilitación o que su patrimonio y el de sus hijas pueda verse afectado por una supuesta alianza de Molpeceres y el administrador del concurso, el ya fallecido Luis Pérez Gil.

Por eso contrata los servicios de Cenyt a través de Stuart&McKenzie –también firma de Villarejo– «para conseguir la máxima información personal, patrimonial e incluso averiguar la posible comisión de antiguos hechos delictivos por parte de Molpeceres y Pérez Gil y así poder conseguir el cese de los supuestos ataques que vendría sufriendo hasta ese momento».

Entre la diversa documentación intervenida en los registros en el domicilio y en el despacho de Villarejo destacan tres archivos de audio y varios documentos en los que se identifica a los intervinientes, el contenido de los servicios contratados en el ‘Proyecto Grass’, que hubo acceso al tráfico de llamadas del investigado Pérez Gil y hasta los precios pactados para su abono de forma opaca.

Por este encargo, Villarejo emitió hasta diez facturas desde su mercantil Stuart&McKenzie a Chávarri y Muñoz Abogados SL por importe total de 363.000 euros. Y otras dos facturas por un total de 108.900 a Vara Gestión de Activos SL, vinculada también al abogado.

El auto del magistrado añade que por lo que respecta a los pagos recibidos por Cenyt relacionados con este proyecto constan abonos de nueve transferencias ordenadas por Chávarri y Muñoz Abogados SL porpor un importe total de 411.400 euros.

EL PROYECTO ‘HACHA’

De los registros en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo, y de la documentación intervenida en la oficina de Cenyt en Torre Picasso, se tiene constancia de un segundo proyecto, denominado ‘Hacha’, que data de 2014, y cuyo cliente también es ese despacho de abogados.

En este caso, el encargo se hace debido a los diversos problemas internos surgidos con los otros dos socios minoritarios de la citada mercantil, Santiago Muñoz Martín y Juan Vila-Coro. A pesar de que Antonio Chávarri es el presidente y propietario del despacho con el 70 por ciento de las participaciones los otros dos «le habrían despojado tanto de sus derechos políticos, como de la gestión de la citada sociedad».

Villarejo debe en este caso realizar acciones de análisis jurídico y legal, asesoramiento, consejo y negociación que, de manera directa o indirecta, ayude al cliente, Antonio Chávarri, a recuperar la gestión de la empresa.

En el caso de ‘Hacha’, los honorarios estaban condicionados al éxito de los objetivos, así, dependiendo de los resultados la cuantía oscilaría entre los 75.000 euros y los 125.000 euros, más IVA. Sobre los pagos vinculados a este proyecto se han localizado un borrador de factura de 25.000 euros más IVA (30.250 euros). Se da la coincidencia de que hay un abono en la cuenta de la mercantil de Villarejo por ese valor desde el despacho de abogados en enero de 2015.

Tras analizar todo esto, el magistrado decidió que procedía tomar declaración como investigados no sólo a Chávarri y a su socio minoritario Vila-Coro sino también a Redondo y por supuesto a Villarejo.

LAS EMPRESAS DE VILLAREJO

Además requirió a la Unidad de Asuntos Internos para que por medio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía se certificara si alguna de las mercantiles identificadas en la investigación como integrantes del Grupo Cenyt estaba autorizada para la prestación de servicios como detectives privados conforme a la ley de Seguridad Privada (tanto la de 1992 como la vigente de 2014).

Sobre este extremo el juez ya tuvo respuesta de la Policía, y es que recibió un informe de esa unidad en el que se certificaba que «ninguna de las mercantiles» que integraban el Grupo CENYT, cuyo titular real era el comisario José Manuel Villarejo, estaba autorizada para la prestación de servicios de detectives privados.