La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido a la ONU promover «de forma efectiva» el derecho al trabajo y al empleo de las mujeres con discapacidad para «no dejarlas atrás».
Así lo ha manifestado la entidad en su contribución a la consulta pública del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad para una futura Observación General sobre el derecho al trabajo y al empleo.
De esta manera, la contribución de la Fundación CERMI Mujeres se centra en aportar información para garantizar que la próxima Observación General sobre el Artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) asegure un enfoque interseccional para «no dejar atrás» a las mujeres con discapacidad.
Para ello, ha destacado los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad en su acceso, permanencia y promoción en el mercado laboral; a las diferencias salariales por trabajo de igual valor; a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo; a las condiciones y derechos laborales durante el embarazo y la maternidad; a la persistencia de la brecha digital que impide a las mujeres con discapacidad ser competitivas profesionalmente; a los cuidados y el trabajo no monetizado que aportan las mujeres; y en la necesidad de mejorar su participación política y sindical.
En este sentido, la fundación ha recomendado el diseño y aplicación de políticas públicas de empleo que tengan presente la igualdad de las mujeres por razón de género y de discapacidad desde un enfoque interseccional, y asegurar que tomen en consideración la situación específica de las mujeres con discapacidad.
También, teniendo en consideración las tasas altas de desempleo y los niveles elevados de pobreza de mujeres con discapacidad, aboga por promover su formación, su contratación, su acceso al empleo, el mantenimiento del puesto de trabajo, la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, las adaptaciones en el lugar de trabajo y la conciliación laboral y familiar.
Por otro lado, pide prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil.
ENTORNOS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES CON DISCAPACIDAD
Además, la Fundación CERMI Mujeres reclama que los lugares de trabajo sean entornos seguros y libres de violencia contra las mujeres con discapacidad, prestando una atención particular a los entornos (pre) laborales cerrados y segregados, como talleres ocupacionales de personas con discapacidad y talleres protegidos segregados.
En este contesto, pide fomentar entre los empleadores la contratación de mujeres con discapacidad víctimas de violencia por medio de incentivos fiscales y de otro tipo.
De la misma manera, exige que la legislación garantice «de manera efectiva» el derecho de las mujeres con discapacidad y de las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad a un trabajo decente y de calidad y a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas, mediante el impulso de medidas de acción afirmativa que eliminen su discriminación en el acceso, permanencia y promoción en el mercado de trabajo como consecuencia de estereotipos negativos contra ellas por razón de género, de discapacidad y por su intersección con otras condiciones humanas.
Asimismo, la fundación pide que se promulgue legislación que prohíba que las personas con discapacidad y las mujeres puedan recibir un salario inferior al salario mínimo establecido y garantizar el principio de igual salario por trabajo de igual valor, prestando especial atención a las diferencias salariales que sufren particularmente las mujeres con discapacidad.
En este sentido, apuesta por promover programas de formación y cualificación permanente para que las mujeres con discapacidad adquieran las competencias digitales requeridas por el mercado laboral, con particular atención a las mujeres con discapacidad con mayores niveles de inactividad laboral.
Por otra parte, la Fundación CERMI Mujeres reclama que se pongan en marcha políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, que, en el marco de una política de cuidados concebida desde un enfoque de derechos humanos, incluidos los derechos laborales, tenga en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo.
Por último, solicita la recopilación y desagregación de datos por sexo, edad y tipo de discapacidad en relación con la situación del empleo y de la participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, así como promover la participación política y sindical de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, a fin de garantizar su participación en la toma de decisiones que les afectan.
