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El juez del ‘Popular’ pone la lupa en las retasaciones inmobiliarias de la entidad en 2017

El juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha ordenado nuevas diligencias en el marco de la investigación abierta sobre el Banco Popular. En concreto solicita más documentación al Banco Santander relativa a las tasaciones inmobiliarias realizadas en 2017 con el objetivo de contar con la máxima información posible para poder realizar una pericial.

En esta causa, el magistrado de la Audiencia Nacional investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

En esta nueva providencia, el juez da 20 días al Santander para aporte hasta siete grupos de documentos e información relativa al extinto Banco Popular. La entidad presidida por Ana Patricia Botín fue la que adquirió en 20117 el Popular por el simbólico precio de un euro.

Así, detalla que debe entregar el informe final del proceso de retasaciones que se hizo en el primer semestre de 2017 por encargo de Miguel Escrig Melia, quien era el director general adjunto al presidente Emilio Saracho. El objetivo de esa retasación era actualizar la cartera de adjudicados, y el juez señala que en el mismo deben constar «los impactos producidos tras la retasación».

Al hilo, demanda al banco que también aporte los informes de análisis de inmuebles que se proveyeron por Escrig Melia y que se realizaron en el marco y con motivo de ese proceso de retasaciones, y los nombres y cargos de los comités encargados de la revisión de ese análisis de inmuebles, así como las actas de esos grupos elaboraran.

Calama también pone el foco sobre la oficina de valoración y trasacción inmobiliaria de la entidad y solicita al Santander las actas e informes que elaborara desde 2014 hasta su extinción. También quiere poder cotejar los informes proporcionados por el equipo de tasación dentro del área de ‘Métodos de Contratación’ del periodo 2014-2016 en el área de Intervención General.

Por último, le solicita al banco toda la documentación que obre en la oficina de control y gestión de tasaciones y que se generó desde su creación en enero de 2017 hasta que su desaparición. El juez indica además al Santander que para facilitar la labor de los peritos debe aportar la identidad de la persona que se haga responsable ante el Juzgado de la integridad la documentación e información solicitada.

En octubre de 2019, el expresidente del Popular Ángel Ron, imputado en la causa al igual que su sucesor Saracho, señaló sobre las tasaciones de activos inmobiliarios que estaban realizadas en más del 90 por ciento de los casos por entidades registradas en el Banco de España o por expertos internacionales, y se encontraban actualizadas. Según ha apuntado, cuando no cumplían la normativa ECO es porque estaban sujetas a otras normas perfectamente homologables.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Si bien en esta ocasión Calama se ha centrado en la retasación de inmuebles en la época de Saracho, hace aproximadamente 20 días reclamaba más documentación al Santander. En esa ocasión quería profundizar en una de las ramas de la investigación que ha cogido peso en los últimos meses, la posible financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital de mayo de 2016.

Estudia si en esa ampliación, que fue por más de 2.505 millones, se financió a clientes y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio». Por eso, acordó una investigación pericial para acreditar si «la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo» mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.