La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha explicado que los servicios jurídicos del Gobierno Vasco están analizando la viabilidad de una ley vasca antipandemia que «exprima al máximo» el ámbito competencial vasco que «podría perfilar y afianzar la seguridad jurídica para intervenir u obtener alguna clase de cobertura en torno a algunas futuras medidas para enfrentar la pandemia».
En el pleno de control al Gobierno Vasco que está celebrando la Cámara vasca, el parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha preguntado a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno sobre intención del Gobierno de que se apruebe una ley vasca antipandemia.
Gordillo ha criticado que la oposición no conoce «prácticamente nada» de la ley vasca antipandemia anunciada por el lehendakari, señalando que no figura en el programa legislativo, y se ha preguntado si es «otro globo sonda» o «truco» para «ocultar la falta de liderazgo» del Gobierno Vasco en la lucha contra la pandemia. «Parece una cortina de humo», ha criticado.
En este sentido, ha recordado que en la lucha contra la pandemia se dispone de un decreto del estado de alarma «prorrogado mucho tiempo y que concede generosas competencias a las comunidades autónomas» pero «respetando la proporcionalidad de las medidas».
También ha hecho referencia a la decisión del TSJPV de permitir la apertura de la hostelería como medida cautelar. «Lo cierto es que en lo que llevamos de pandemia llevan ya tres o cuatro varapalos judiciales», ha afirmado.
La consejera de Autogobierno ha defendido que la gestión de la pandemia ha dejado en evidencia algunas de las necesidades de mejora de gran parte del ordenamiento jurídico, tanto estatal como vasco. En este sentido, ha señalado que «sería necesario y deseable» que el estado de alarma dotara a las comunidades autónomas de «todas las herramientas posibles» para que puedan «combatir» la crisis de salud pública actual.
Tras recordar que el lehendakari ha solicitado por escrito al presidente del Gobierno central consensuar los mecanismos legales para que cada comunidad autónoma pueda adoptar las medidas que considere oportunas ante la covid-19 «con todas las garantías jurídicas», ha subrayado que «es una prioridad para el Gobierno Vasco poder tener a su alcance instrumentos con garantías suficientes».
Garamendi ha defendido que el Gobierno Vasco está «obligado a explorar y a agotar todas las vías que considere a su alcance, sin pretensión alguna de eludir la labor de la justicia en el ejercicio democrático de sus funciones».
REFLEXIÓN ABIERTA
Al respecto, ha informado de que ha iniciado una reflexión en torno a una nueva ley que «podría aquilatar e incluso incrementar las garantías jurídicas de procedencia y efectividad» de las medidas que requieren las acciones del Gobierno de salud pública.
«La evolución de los indicadores epidemiológicos conlleva un quehacer material de la Administración, que no puede estar sujeto a controversia jurídica de ningún tipo. Desde nuestro derecho, debemos tratar de dotar de la máxima certeza y previsibilidad a las decisiones de la autoridad sanitaria», ha defendido.
Garamendi ha defendido que la evolución de los indicadores «conlleva un quehacer de la Administración, que no puede estar sujeto a controversia jurídica de ningún tipo». «Debemos tratar de dotar de la máxima certeza y previsibilidad a las decisiones de la autoridad sanitaria. Es necesario no generar inquietudes y al mismo tiempo transmitir la máxima certidumbre a la población», ha defendido.
La consejera ha explicado que una ley vasca «podría perfilar y afianzar la seguridad jurídica para intervenir u obtener alguna clase de cobertura en torno a algunas futuras medidas para enfrentar la pandemia» y ha explicado que los servicios jurídicos del Gobierno están analizando esta posibilidad «pormenorizadamente».
«Estamos acometiendo esta reflexión para dar a la sociedad vasca lo que es necesario en este momento: el refuerzo en el proceso de toma de decisiones. Un nuevo régimen jurídico de gestión de la alerta sanitaria, quizás, no nos traería grandes novedades sobre los mimbres con los que ya seguimos actuando, pero sí nos podría dotar de mayores dosis de claridad y eficacia y comprensión», ha subrayado.
«EXPRIMIR» LAS COMPETENCIAS
La consejera ha explicado que con esta ley se trata de «exprimir al máximo» el ámbito competencial vasco, «sin injerencia alguna en el espacio de los derechos fundamentales y sin poner en duda el alcance de las herramientas legales de las que hasta ahora disponemos».
«Siendo el poder legislativo el instrumento más potente con el que, desde un plano jurídico, están dotadas nuestras instituciones de autogobierno, no podemos dejar de explorar todas las posibilidades para hacer frente a todos los retos presentes y futuros derivados de esta compleja situación», ha indicado.
En este sentido, se ha dirigido al parlamentario de PP+Cs para señalar que «aumentar la seguridad del procedimiento significa transmitir certezas y maximizar el beneficio de las medidas adoptadas mediante un mayor compromiso por parte de la ciudadanía». «El lehendakari, como autoridad delegada para la gestión de la pandemia y todo su gabinete, nos vemos en algunos aspectos con las manos atadas», ha explicado.
Al respecto, ha explicado que la cogobernanza entre las comunidades autónomas y entre estas y el Estado va a ser «el procedimiento de coordinación y colaboración» que va a «guiar» al Ejecutivo vasco «siempre que sean respetados los ámbitos competenciales, y sobre todo, siempre y cuando se cuente con las herramientas jurídicas necesarias para actuar con garantías».
EN EL MARCO DEL ESTADO DE ALARMA
«La nueva norma autonómica, si finalmente se diera, trataría de dotarnos de una mejor y más clara cobertura jurídica pero no alteraría las competencias entre Euskadi y el Estado; el estado de alarma seguiría siendo nuestro marco insoslayable pero dentro del marco podría ser posible legislar una norma vasca que explore un mayor margen de intervención, contribuya a generar certidumbres y claridad entre la ciudadanía, y haga que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara demos una lección de compromiso a nuestra ciudadanía», ha informado.
No obstante, ha reiterado que los servicios jurídicos del Gobierno están valorando esta vía y «de momento la decisión es la de estudiar la formulación y la viabilidad de esta ley vasca». «Este texto normativo permitiría asegurar que en aquellas competencias que correspondan a Euskadi, el Gobierno Vasco pueda adoptar todas las medidas necesarias y contar con la máxima garantía posible», ha insistido.
Garamendi ha reconocido que cualquier medida adoptada por el Gobierno Vasco al amparo de la nueva ley podría ser impugnada ante los tribunales y ha rechazado que esté relacionada con el auto de reapertura de la hostelería. «Estamos centrados en la lucha contra la pandemia y en dotarnos de todas las herramientas para acabar con la propagación de este terrible virus que lleva acompañándonos todo un largo año», ha insistido.
Según ha explicado, el Gobierno Vasco cree que las medidas establecidas en el Consejo Asesor de Plan de Protección Civil-LABI, y el Plan Bizi Berri III, deben contar con un «escudo normativo que no las haga vulnerables» porque «son decisiones difíciles, incómodas, impopulares en algunos casos, pero tomadas con soporte científico y pensando siempre en salvar vidas».
«Estamos analizando si con una ley vasca podrían disiparse las dudas sobre el marco general de la actuación que permitiese concretar las condiciones para el ejercicio de determinados derechos que, sin ser restringidos, deben verse limitados para la salvaguarda de la salud pública», ha indicado.
