La acusación popular en el caso del derrumbe de Zaldibar, ejercida por representantes de la plataforma Zaldibar Argituz y de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, cree que es «innegable la responsabilidad directa» que tiene la empresa Verter Recycling en «la catástrofe», pero que también en el ámbito institucional existe «responsabilidad política sobre lo que estaba ocurriendo» en la escombrera.
Con el fin de poder «dar luz a la oscuridad» existente en el proceso judicial para ampliar las responsabilidades, algo que supondrá «un gran trabajo y una importante inversión económica», los colectivos de desarrollarán la acción popular ha pedido la colaboración ciudadana.
Zaldibar Argituz y de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han ofrecido este jueves una rueda de prensa en los juzgados de Durango (Bizkaia), tras la admitirles su personación como acusación popular.
En la actualidad, hay dos litigios abiertos en el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango para esclarecer los hechos en el vertedero de Zaldibar y depurar responsabilidades, y la Carta de derechos sociales de Euskal Herria y la plataforma Zaldibar Argitu han sido admitidas en la causa abierta por delito contra el medio ambiente.
Estos colectivos han señalado que, a día de hoy, la única persona jurídica investigada en la causa es la empresa Verter Reciclyng 2002SL, pero consideran que, si se identifican otras responsabilidades, «esto podría modificarse en un futuro».
Tras haberse dividido el caso en dos causas, están realizando los trámites pertinentes para presentarse también en la segunda causa y esperan recibir en breve el auto de admisión. En este segundo litigio se investigarán delitos contra los derechos de los trabajadores.
La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y la plataforma Zaldibar Argitu articularán una acusación popular «en defensa de los intereses populares, participando activamente con pleno derecho». Para ello, han formado un grupo jurídico que ya está trabajando para «esclarecer las responsabilidades, la verdad y la justicia».
Estos colectivos han recordado que ya ha pasado más de un año del derrumbe del vertedero de Zaldibar, «desde que el monstruo de la basura devoró a Joaquín y Alberto», los trabajadores sepultados bajo los escombros, uno de los cuales no ha sido todavía localizado.
«El vertedero se derrumbó en la oscuridad y la oscuridad persiste hoy en día. No se ha ofrecido información transparente, no se han depurado responsabilidades y no se han dado pasos para hacer verdadera justicia por parte de las autoridades públicas», han añadido.
COLECTA POPULAR
Por ello, han destacado que se han presentado como acusación popular para «dar luz a la oscuridad», lo que supondrá «un gran trabajo y una importante inversión económica. Además, han organizado «una colecta popular en la plataforma Itsulapiko, agradeciendo la aportación económica de la ciudadanía mediante la compra de diversos regalos».
«Nuestro esfuerzo será esclarecer la verdad y la justicia a lo largo de este proceso y depurar responsabilidades. En este sentido, invitamos a la ciudadanía a que nos acompañe, aportando cada uno lo que pueda», han manifestado. Las ayudas económicas se podrán realizar hasta el 4 de marzo.
A su juicio, en la catástrofe de Zaldibar es «innegable la responsabilidad directa que tiene la empresa Verter Recycling». Sin embargo, creeN que estas «no pueden limitarse al ámbito privado, ya que el ámbito institucional tiene una responsabilidad política sobre lo que estaba ocurriendo».
«La privatización de la gestión de la basura y la falta o insuficiencia en su control público han convertido el actual modelo de gestión de residuos en un negocio en el que la patronal ha encontrado su beneficio a costa tanto de la salud y la vida de los trabajadores y de la propia naturaleza», han indicado.
Por ello, han afirmado que, ante esta «trágica situación, el no denunciar el modelo que defiende la patronal, el no adoptar las medidas de vigilancia, control y protección necesarias para cambiar la situación y para garantizar la vida y la salud de los trabajadores y para hacer la transición hacia un modelo de gestión de residuos sostenible, ha convertido a la propia Administración pública en cómplice de este despropósito».
«El 30 de enero del año pasado hicimos una huelga general reivindicando vidas, trabajo y pensiones dignas, movilizando a miles de personas, la mayoría social de este país. A lo largo de ese año, con la crisis sanitaria, se ha acelerado la crisis estructural previa, visibilizando las crisis de diferentes ámbitos (cuidados, modelo educativo, relaciones laborales, sanidad, vivienda…)», han apuntado.
En este sentido, han denunciado que el derrumbe del vertedero el 6 de febrero de 2020 «ha puesto de manifiesto que este modelo económico capitalista ecocida no es sostenible, sólo aporta sufrimiento, muerte y desigualdad y confronta con la vida de las personas».
«El modelo de gestión de residuos de Zaldibar apesta. Por todo ello, reivindicamos un cambio radical de las prioridades de las políticas públicas, también en el ámbito de la gestión de residuos», han concluido.
