El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha recibido con «enorme malestar» el registro «sorpresa» por parte del PSOE de la Ley de Igualdad de Trato, que forma parte del pacto de coalición y que tenían el acuerdo de presentar «conjuntamente» ambas formaciones.
Fuentes de Unidas Podemos han mostrado su «preocupación» por el registro «unilateral» de esta iniciativa, sin contar además con el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero, competente en la materia.
En este sentido, han revelado que los grupos parlamentarios y el Ministerio llevaban «meses» negociando el contenido y estaban «ultimando» los detalles de la negociación, por lo que su presentación conjunta «era inminente».
También han recordado que el paquete legislativo «antidiscriminatorio» en la agenda parlamentaria y legislativa entre los socios incluye tanto la Ley de Igualdad de Trato como la Ley por la Igualdad LGTBi y la Ley Trans.
Este jueves el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de Ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, una norma que el Ministerio de Igualdad, de Podemos, había anunciado como una medida a impulsar desde su departamento.
La decisión del PSOE ha generado otro episodio de tensión en la coalición, que han mantenido discrepancias en varias parcelas como la reforma de las pensiones, la situación del salario mínimo interprofesional o la negativa de los socialistas a la comisión de investigación en el Congreso de cara a investigar al rey emérito Juan Carlos I.
El conflicto rememora al generado cuando, en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, Unidas Podemos presentó una enmienda con ERC y EH Bildu para extender la prohibición de desahucios hasta finales de 2022, algo que generó malestar en las filas del PSOE. La situación se recondujo al alcanzarse un acuerdo en el seno del Gobierno, que llevó a la retirada de la enmienda.
EL PSOE REGISTRA LA INICIATIVA
La portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra, ha señalado que los objetivos de esta norma son «garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación».
A través de un comunicado, el socio mayoritario del Gobierno de coalición ha indicado que esta norma ya se había presentado en dos ocasiones en el Parlamento, cuando el PSOE no gobernaba, pero en ninguno de los casos se llegó a aprobar. En concreto, recuerdan que esta iniciativa estuvo liderada por el fallecido dirigente socialista Pedro Zerolo. Para Lastra, no habría mejor «homenaje» para él que «dar a la sociedad esta ley por la que tanto luchó».
En cuanto a su contenido, indican que se basa en dos principios fundamentales: el derecho al respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la igualdad de trato. De este modo, apuntan, «se da cumplimiento a lo recogido en los últimos programas electorales y a las resoluciones del 39 Congreso Federal».
Cabe destacar que la Ley de Igualdad de Trato es una de las iniciativas a las que se ha referido la ministra de Igualdad entre los objetivos de su departamento para la legislatura. De hecho, Montero cuenta en el ministerio con una dirección de general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, liderada por Rita Bosaho.
En el Plan de Igualdad previo a la crisis generada por la Covid19, el Ministerio incluía, entre otras medidas, seis leyes nuevas a poner en marcha, entre las que se incluyen la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley contra la Trata, la Ley para la Igualdad Social, la Ley Trans, la Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación y la Ley de Tiempo.
Fuentes de la formación socialista han asegurado que se ha puesto al corriente a Unidas Podemos de esta iniciativa y dicen que su texto va más allá de la ley de libertad sexual en la que trabaja Igualdad. El grupo confederal confirma también que el PSOE ha comunicado que se iba a presentar hoy.
EN CONTEXTO DE CRISPACIÓN
Los socialistas destacan, además, que esta norma toma en la actualidad «más fuerza» que en sus presentaciones anteriores ya que, según señalan, el país está en «un contexto de crispación y radicalización» por «la presencia en las instituciones de la ultraderecha, apoyada por la derecha tradicional.
Esto, explican, «hace más necesario que nunca» dotar al país de «herramientas jurídicas que mejoren la convivencia y garanticen el derecho a la diversidad».
«La proposición de ley integral nace con la vocación de convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema, como en la protección real y efectiva de las víctimas», apunta el PSOE.
El texto registrado, regula el derecho a la igualdad de trato y nos discriminación en determinados ámbitos de la vida política, cultural y social: empleo, trabajo, educación, atención sanitaria, servicios sociales, acceso a la oferta al público de bienes y servicios, seguridad ciudadana o vivienda, entre otros.
UN ORGANISMO QUE ACTÚE DE OFICIO
Además recoge la incorporación en el marco jurídico español, al igual que en el resto de Europa, de las directrices que la propia UE ya ha adoptado sobre el desarrollo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que en sus artículos garantiza el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
El PSOE también propone la creación de un comisionado denominado ‘Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación’, que debe ser «un organismo independiente y unipersonal» y con recursos de la Administración Pública. Este organismo podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación.
Del mismo modo, se amplía el concepto de discriminación, al introducir en el derecho antidiscriminatorio español definiciones para la discriminación por asociación o la discriminación múltiple e interseccional.