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Vicepresidencia segunda rechaza el ‘modelo luso’ de incentivos para bajar el alquiler en España

La Vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 califica de “fracaso” el ‘modelo luso’ de incentivos fiscales de cara a lograr bajadas del precio del alquiler, que además ha generado críticas entre propietarios e inquilinos.

Así lo detalla en un informe, en alusión la experiencia del Programa de Arrendamiento Accesible (PAA) de Portugal como posible medida de contención de los precios de alquiler.

Este sistema sería una de las posibilidades que sondea el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de cara a la propuesta, de regulación del precio del alquiler a incluir en la nueva Ley de Vivienda, y que tendrá que ser consensuada con el departamento que lidera Pablo Iglesias.

La regulación del coste del arrendamiento fue uno de los puntos claves del acuerdo entre los socios de coalición (PSOE y Unidas Podemos) para el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El compromiso alcanzado pauta que se incluirá en la nueva Ley de Vivienda que abordará el Consejo de Ministros y se remitirá posteriormente al Congreso.

El análisis de Vicepresidencia segunda sostiene que la medida lusa “no limita el precio del alquiler, sino que es una iniciativa de carácter voluntario que tiene como objetivo promover la oferta de vivienda en alquiler por debajo de los valores de mercado mediante beneficios fiscales”.

Esos incentivos se activan cuando se alquilan viviendas un 20% por debajo del precio de referencia del arrendamiento, calculado en base a varios indicadores como ubicación, superficie y precio de la zona. También se despliegan cuando el inquilino no tiene que soportar un esfuerzo superior al 35% de sus ingresos para pagar la renta.

NO DINAMIZA LOS ALQUILERES

Sin embargo, el departamento que lidera Pablo Iglesias destaca en su informe que el programa portugués, desde su entrada en vigor, ha generado oposición tanto en asociaciones de propietarios como de inquilinos.

“Poco hace para cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres”, ahonda el documento para añadir que el programa “es un fracaso” a tenor de los datos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda luso.

Concretamente, apunta a que durante su primer año de aplicación (julio 2019 – julio 2020) se celebraron 242 contratos de arrendamiento para 10.417 solicitudes. “Es decir, se cubre al 2,3% de las personas que demandan un alquiler asequible”, razona Vicepresidencia.

LOS INCENTIVOS NO SON “ATRACTIVOS” Y LOS PRECIOS SON “ALTOS”

También detecta que el motivo principal “del fracaso” es que, para los propietarios, los beneficios fiscales (exención del pago del IRPF aplicable al alquiler y reducción del IBI) “no resultan atractivos” y “los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa”.

Mientras, los inquilinos “constatan” que la iniciativa es “poco realista”, ya que contempla precios máximos “demasiado altos, poco ajustados a los bajos salarios” que existen en Portugal. “A modo de ejemplo, el programa establece que el precio máximo para un piso de una habitación puede llegar hasta 900 euros, unos cien euros por encima del salario medio portugués”, concluye el informe.

BELARRA YA AVISÓ DE QUE NO ERA UN “MODELO EFECTIVO”

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, afirmó en diciembre que el paradigma luso le generaba “mucha preocupación”, dado que a su juicio “no es un modelo efectivo”.

“Desde nuestro punto de vista ese no es el modelo a seguir. Y pensamos que hay modelos como la regulación catalana y como la regulación del precio del alquiler que se aprobó en Berlín que son mucho más efectivos para el objetivo que buscamos, que no solo es contener el precio del alquiler sino bajarlos, porque el mercado tiene ahora los precios hinchados artificialmente con grandes tenedores que acumulan una gran parte de la vivienda”, concluyó.

Unidas Podemos reivindica que la próxima Ley de Vivienda movilice la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y forzar a que la saquen al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables.

Belarra destacó que se tendrá que colaborar también con las distintas comunidades autónomas para “no salga a cuenta tener vivienda parada”, combinando distintos instrumentos, ya sean incentivos o de carácter obligatorio. Preguntada sobre si en el plano obligatorio podría haber posibilidad de sanción o alguna carga fiscal a grandes propietarios, ha dicho que aún no se puede descartar nada.