La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dejado este martes «visto para sentencia» el juicio comenzado el pasado 9 de septiembre en torno a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
El juicio comenzó contra un total de 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, en concreto el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, si bien el pasado 11 de octubre, Francisco Javier Guerrero fallecía inesperadamente víctima de una neumonía.
Los restantes acusados son la que fuera presidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto; el que fuera abogado de la empresa y responsable de recurso humanos Gabriel Barrero; los que fueran directivos de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; el ya exmiembro del despacho de abogados Garrigues José Miguel Caballero y el vecino de El Pedroso (Sevilla) Andrés Carrasco, quien fuera «amigo» de Guerrero.
En el juicio ha pesado la decisión del tribunal de no acceder a la petición de excluir de la vista a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía ya juzgados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por el denominado como «procedimiento específico» mediante el cual eran financiadas las subvenciones para los ERE o para las empresas.
Fruto de aquel juicio fueron condenados a diversas penas Antonio Fernández, Agustín Barberá, Guerrero, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano.
EL CONFLICTO DEL CASO ACYCO
Aunque las defensas de los ex altos cargos de la Junta afectados por dicha causa judicial y enjuiciados por las ayudas a Acyco esgrimían el principio ‘non bis in idem’, que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, y el criterio marcado en ese sentido por la Sección Séptima de la Audiencia respecto a las piezas separadas de los ERE; la Sección Tercera resolvió que los hechos juzgados sobre Acyco «no han sido objeto de enjuiciamiento en el denominado procedimiento específico» juzgado por la Sección Primera.
Alegando la progresiva exclusión de estos acusados de otras piezas separadas de la trama de los ERE merced al principio ‘non bis in idem’, los abogados defensores han avisado del «conflicto» generado a cuenta de esta decisión, advirtiendo incluso de un «galimatías procesal».
A lo largo de la vista oral, han sido analizadas las subvenciones autonómicas concedidas para el expediente de regulación de empleo promovido por Acyco en 2003 para prejubilar a 35 empleados con cargo a la Junta de Andalucía, pesando los testimonio según los cuales las prejubilaciones fueron acometidas en condiciones «muy, muy favorables». Es más, según el que fuera jefe de fábrica de Acyco entre 2001 y 2011, quien declaraba como testigo, los empleados acogidos al ERE de Acyco manifestaban que las prejubilaciones eran «casi mejor» que ganar «la lotería», pues las rentas alcanzaban casi el cien por ciento del salario, siempre con cargo a la Junta de Andalucía.
También ha sido analizado el caso de las dos personas que cobraron de la póliza de las prejubilaciones de este ERE pese a que jamás habían trabajado en Acyco. Se trata de los «intrusos» Andrés Carrasco, acusado en este juicio y «amigo» declarado del difunto exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás.
EL ANTICIPO
Otro de los aspectos especialmente analizados ha sido el asunto de los 210.000 euros anticipados por siete miembros del consejo de administración de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, un dinero que habría sido después devuelto a los mismos mediante una factura supuestamente «falsa» de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco no elaborada por la misma y cargada a la Junta.
Otro de los ejes del juicio ha sido la ayuda de 125.000 euros solicitada en 2009 por Acyco para «el mantenimiento de 144 puestos de empleo», cuya primera y única partida habría sido usada para sufragar parte de los honorarios del despacho de abogados Garrigues por el ERE de 2003, según el que fuera director de Recursos Humanos de Acyco y además acusado, Gabriel Barrero, y según la Guardia Civil.
Para el fiscal Juan Enrique Egocheaga, «todas las ayudas» cosechadas por Acyco fueron «ilícitas» al carecer de «procedimiento alguno», incurrir en «arbitrariedades» y «sustituir» la Junta a Acyco en las «obligaciones» de esta última. Señalando que todo ello refleja una «falta de control» de la partida 31 de los fondos autonómicos, usada para financiar los ERE indagados, el fiscal aseguraba que estos aspectos «no podían pasar desapercibidos a ninguno de los acusados».
ÚLTIMA SESIÓN
En cualquier caso, esta última sesión del juicio ha contemplado aspectos como los informes del abogado defensor del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y de los abogados del despacho Garrigues y del grupo agroalimentario Dcoop ante la responsabilidad civil subsidiaria que se atribuye a tales entidades.
Y para concluir la sesión y con ello el juicio, los acusados han tenido opción a la última palabra, turno en el que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, –condenado a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta en la sentencia relativa al «procedimiento específico», ya recurrida al Supremo–; ha mostrado su «confianza en la Justicia».
Ello, según ha precisado, «a pesar de la situación procesal» que durante los últimos «diez años» lleva sufriendo a cuenta de la investigación de la mencionada macrocausa de los ERE. El pasado 20 de octubre, día para el que estaba fijada la comparecencia de Fernández en la vista oral en calidad de acusado, el mismo se acogió a su derecho constitucional a no declarar.
Encarnación Poto también ha hecho uso de su derecho a la última palabra, considerando que «casi todos» los agentes judiciales participantes en la vista oral han usado las leyes y la Constitución como «plato de aperitivo», pese a lo cual ella sigue «creyendo en la Justicia».
EL «VÍA CRUCIS» DE LOS INVESTIGADOS
También ha tomado la palabra Jesús Bordallo, quien ha advertido de que fruto de este procedimiento judicial y otros en los que ha sido investigado, alguno de ellos ya sobreseído respecto a él, viene sufriendo «un vía crucis, un quinario» al verse convertido en «un proscrito, un ser despreciable», como consecuencia del «juicio paralelo» en el que ha sido «condenado de antemano» pese a que su «único delito» ha sido «trabajar» según «el principio de confianza en la administración» pública.
Es más, ha avisado de que fruto de todo eso, se ha visto obligado a «recurrir al auxilio social y de amigos» al ser intervenidas sus cuentas bancarias y la prolongada «extensión» temporal del procedimiento judicial. Igualmente, ha lamentado que no figurasen como investigados en la causa trabajadores beneficiarios de las prejubilaciones, «mediadores, las compañías aseguradoras» o la «alta dirección» de Vitalia.
