La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha planteado en la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada este lunes, expedir los títulos con límite temporal «ya que consideramos que el horizonte de una mujer es el de dejar de ser víctima de violencia de género», informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.
Franco también ha destacado la importancia de unificar los indicadores comunes en todo el territorio nacional para la emisión del título, teniendo que ser justificados en el informe que se haga como base del mismo. «De esta manera mejoraremos la respuesta y el acceso de las víctimas a las prestaciones que requieran», ha explicado.
Asimismo, en la reunión –presidida por la ministra de Igualdad, Irene Montero– se planteó la posibilidad de comunicar a la víctima que se informará siempre a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer para que si lo estima conveniente, abra diligencias de investigación, o que en caso de que la víctima quiera finalmente denunciar, exista este antecedente ante la Fiscalía.
Antes de la aprobación de este título en el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la condición de maltratada solamente se reconocía mediante una sentencia, una orden de protección previa denuncia, o un informe del Ministerio Fiscal que indicase la existencia de indicios de que la demandante era víctima de violencia.
Sin embargo, con la puesta en marcha del este título, se reconoce la validez de los informes de los servicios sociales destinados a víctimas de violencia de género de cara a la posibilidad de acceder a las ayudas, sin necesidad de judicializar el caso.
Otros puntos abordados en la reunión fueron la propuesta de creación de un foro entre los organismos de Igualdad; informar a las comunidades sobre el Plan ‘España te protege frente a la violencia machista’, como parte de las medidas de reconstrucción centrado en extender, mejorar y ampliar los servicios de atención integral a todas las formas de violencia sobre las mujeres.
También se ha tratado el Plan Corresponsables, que cuenta con una dotación presupuestaria de 200 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y que tiene por objeto garantizar el cuidado en España como un derecho desde la óptica de igualdad entre hombres y mujeres. Por último, se ha abordado la creación de un grupo de trabajo sobre la asistencia jurídico-procesal especializada en violencia sexual.
