Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, han presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el Rey emérito, Juan Carlos I, tras la regularización fiscal que presentó ante Hacienda y los «nuevos hechos que se han ido conociendo en los últimos meses», como las investigaciones abiertas por las Fiscalía del alto tribunal o las cuentas suizas vinculadas a dos fundaciones.
La querella inicial se presentó en 2018 y fue indamitida de plano. No obstante, el pasado mes de julio, los querellantes solicitaron al alto tribunal su reapertura tras la imputación –ya sin efecto– de la empresaria y examiga del monarca Corinna Larsen en una pieza del denominado ‘caso Tándem’ por las actuaciones presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
La Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena y formada por Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García y Susana Polo García todavía tiene pendiente de decidir si finalmente acepta la petición de reabrir la querella e investigar al rey emérito o finalmente volver a inadmitirla.
En la petición de reapertura se hacía referencia a la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo para aclarar el reparto de 80 millones de euros en comisiones que, según Larssen, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011, llegando a hablar de la comisión de hasta 13 delitos.
Para los querellantes estos hechos son suficientes para que el alto tribunal acuerde abrir una causa contra Juan Carlos I. No obstante, según indica el amplío escrito, recogido por Europa Press, con posterioridad se ha conocido que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abierta una segunda investigación –no judicializada, al igual que la primera– por la utilización por parte de Juan Carlos de Borbón y otras personas de su familia de fondos que habría donado el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Una actuación que se habría llevado a cabo con tarjetas de crédito a nombre del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito durante casi una década. Por ello, IU y PCE amplía la lista de querellados y suma los nombres del empresario mexicano y del teniente coronel.
La querella iba inicialmente dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra la empresaria y ex amiga del Rey emérito, Corinna Larsen; el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán; los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga; el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo; el abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón.
MOVIMIENTOS FINANCIEROS POSTERIORES A LA ABDICACIÓN
«Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son posteriores a la abdicación del rey y a que perdiera su protección constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el año 2014 en el ejercicio de sus funciones constitucionales», apunta el escrito de ampliación de la querella.
Añade que «según numerosas informaciones periodísticas que no han sido cuestionadas, el ciudadano mexicano ha reconocido en su declaración ante la Fiscalía que abonó 113.000 euros de viajes y estancias de Juan Carlos de Borbón en los años 2016 y el 2017, así como 270.000 euros al coronel en los años 2017 y 2018. Además, Allen Sanginés-Krause estaría relacionado igualmente con el movimiento de otros 500.000 euros que Juan Carlos de Borbón habría dispuesto gracias al uso de una tarjeta bancaria».
Por estos hechos, don Juan Carlos presentó hace unos días ante el departamento de Hacienda de la Comunidad de Madrid una regularización de 678.393,72 euros por lo que habría dejado de pagar al fisco debido a las donaciones del empresario mexicano.
Para los querellantes, esta regularización fiscal, que tiene la intención de «evitar una investigación más exhaustiva», no cumple con el criterio de espontaneidad que requiere el Código Penal para eludir la responsabilidad penal, ya que se produjo un mes después de que hubiese sido informado por la Fiscalía sobre la existencia de una investigación contra él, aparte de la «extensa publicación en prensa nacional e internacional» de esas diligencias. Agrega que además que «no consta el origen de los fondos que se ha pretendido regularizar».
IU y PCE también recuerdan en su escrito que la Fiscalía del Supremo había decidido abrir una tercera investigación al ex jefe del Estado, después de que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) alertara de nuevas irregularidades. Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivar delitos fiscales.
Así, IU y PCE concluyen que de la extensa lista de hechos conocidos hasta ahora «se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo».
DÁDIVAS COBRADAS
En el extenso escrito, los querellantes también apuntan a distintas «dádivas» que el Rey emérito habría cobrado y destacan las distintas informaciones periodísticas que han desvelado que Juan Carlos I habría recibido 65 millones de euros de Arabia Saudi en 2008. Una «comisión o dádiva» por la que obtuvo una rentabilidad anual del 7 por ciento en una cuenta suiza sin que fueran declarado a Hacienda.
También recuerda que el Rey Felipe VI renunció en marzo a la herencia personal y a los derechos que tenía como beneficiario de la fundación Lucum, investigada por la Fiscalía suiza, y la Fundación Zagatka, que controla el también querellado, Álvaro de Orleans. De este hecho, IU y PCE aseguran que «se infiere que los fondos controlados por las fundaciones tienen un origen ilícito y que hasta ese momento han sido opacas respecto de la Hacienda Pública española».
Así, solicita al Supremo que practique numerosa prueba documental entre la que se incluye una comisión rogatoria a Suiza para conocer las diligencias de investigación practicadas que guarden relación con los hechos que se exponen en la querella, así como que solicite información a los bancos helvéticos Credit Suisse y Lombard Odier para que se remita el «histórico de los movimientos» de la Fundación Zagatka desde su creación en el año 2003.
Los querellantes han tenido que abonar 12.000 euros de fianza para poder ejercer como acusación contra Juan Carlos de Borbón y otros querellados por la comisión de 13 presuntos delitos –siete cometidos presuntamente por el rey emérito-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
