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Las Cortes debaten si debe exigirse responsabilidades a los organismos que no cumplan con Transparencia

Los grupos parlamentarios de las Cortes discutirán este jueves sobre la conveniencia de exigir responsabilidades políticas a los responsables de los organismos que no cumplan los requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o las resoluciones judiciales que obliguen al cumplimiento de la ley del mismo nombre.

El debate llegará a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de la mano de Ciudadanos, que ha registrado una propuesta de resolución en este sentido al informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.

En concreto, la formación naranja defenderá que el Gobierno exija «responsabilidades políticas» a las personas responsables de los organismos o entidades «poco transparentes», por ejemplo, cuando sus decisiones sean revocadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por los tribunales, o denunciadas por colectivos de la sociedad civil que trabajen en defensa de la transparencia.

Precisamente, hace unas semanas la Audiencia Nacional instó al Gobierno a informar de los desplazamientos privados del presidente Pedro Sánchez en su avión oficial. En concreto, el tribunal desestimó el recurso con el que el Ejecutivo pretendía no tener que dar cuenta del uso que Sánchez hizo del Falcon que tiene asignado entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019 para en desplazamientos ajenos a su condición de presidente.

Además, la pasada semana el Consejo de Transparencia ordenó al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus.

SANCIONES EFECTIVAS

El órgano encargado de velar por la aplicación de la Ley de Transparencia considera que dar esos nombres no implica vulnerar el derecho a la protección de datos sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes».

Entre sus propuestas de resolución al último informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consejo de Transparencia, a las que ha tenido acceso Europa Press, los de Inés Arrimadas plantean que las Cortes insten al Gobierno a exigir «responsabilidades políticas» para quienes estén al frente de los organismos acusados de falta de transparencia.

Asimismo, reclaman al Ejecutivo que establezca un régimen de «efectivo» de sanciones para los casos de incumplimiento «que no dependa de organismos distintos del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno».

ABRIR EL CONSEJO A LA SOCIEDAD CIVIL

Ciudadanos demanda también que se modifique la Ley de Transparencia para que el Consejo pueda «imponer sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de Transparencia» y que se dote a este órgano de «verdadera independencia» incorporando al mismo miembros de la sociedad civil «en paridad con los actuales componentes sin costes adicionales para el organismo».

Además, la formación naranja solicita que se elimine la necesidad de la firma electrónica para acceder al Portal de Transparencia y que toda la información que contenga sea «comprensible y fácilmente accesible» para la ciudadanía.

También otros grupos han presentado propuestas de resolución que se votarán este jueves y en las que recogen las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas hizo en su informe sobre este organismo. Así, PSOE, Vox y Cs coinciden en pedir al Gobierno que apruebe el Reglamento de la Ley de Transparencia.

MÁS PLANTILLA

El PSOE también insta al Gobierno a adecuar la plantilla de funcionarios encargados de la gestión administrativa del Consejo y a incrementar el personal del mismo «en la justa medida y en coherencia con las necesidades generales» del organismo.

De su lado, Vox solicita al propio Consejo que establezca una programación de actividades eficaz y eficiente, adecuada a las posibilidades de financiación y de medios personales y materiales de la institución y a corregir las deficiencias de control interno observadas en su gestión económico financiera por parte del fiscalizador.