Los Franco deberán devolver el jueves, día 10, al Estado el pazo de Meirás, que pasará al patrimonio público 82 años después de ser entregado al dictador y como resultado de la ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que les condenó a su devolución.
Lo será de forma provisional a la espera de que se dicte una sentencia definitiva, lo que tendrá lugar una vez que se agoten todos los recursos judiciales posibles. De hecho, la familia Franco ya presentó uno contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
La entrega será en la misma semana en la que se ha conocido el inventario de bienes realizado por técnicos de la Xunta y de Patrimonio Nacional, un total de 697 recogidos en el informe elaborado por los representantes de la Consellería de Cultura, de ellos 81 en el exterior y 616 en el interior del pazo.
En ellos hay desde las estatuas del Mestre Mateo hasta retablos de la Virgen, cuadros de Pardo Bazán o del propio dictador y su mujer Carmen Polo hasta mobiliario de la familia real, según recoge, a su vez, en su informe, Patrimonio Nacional.
A la entrega del inmueble, fijada para las 11,00 horas, le han precedido numerosas protestas de entidades sociales y organizaciones políticas en demanda de una devolución calificada de «histórica» y de escritos judiciales de una parte y de la otra desde que el pasado 2 de septiembre el juzgado coruñés estimó la demanda interpuesta por el Estado y lo declaró propietario del pazo de Meirás.
El fallo condenó a los herederos del dictador a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirmaba haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.
En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada, el de A Coruña y la Diputación coruñesa respaldaron la postura de la Abogacía del Estado frente a la oposición a la misma de los demandados: seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.
En concreto, la magistrada Marta Canales declaró en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma».
En su fallo, sostiene que esa donación no se hace a Franco a título personal, como argumentaron los letrados de la familia, «sino al jefe del Estado». Además, concluyó que la compraventa de mayo de 1941 fue una «simulación» con lo que determina la nulidad de la misma, al tiempo que también declaró nula la donación que se recoge en una escritura de noviembre de 1982.
Lo hizo tras un juicio con declaración de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del libro ‘Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio’ y profesores de universidades gallegas que participaron en las comisiones de expertos promovidas a instancias de la Diputación de A Coruña y el Parlamento gallego.
Con posterioridad, y tras acordar la jueza la ejecución provisional de la sentencia, los Franco se opusieron a la realización de un inventario de los bienes, pedido por el Estado y acordado por la jueza, además de plantear un aplazamiento de la fecha de entrega del pazo, después de publicarse en medios de comunicación que iban a trasladar los citados bienes.
En su último auto, del 4 de diciembre, la jueza nombra al Estado, como éste había solicitado, depositario de los bienes, entre los que se encuentran unos 3.000 volúmenes de la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán; las estatuas de Isaac y Abraham del Mestre Mateo y numerosas piezas de valor artístico e histórico.
