Fundación Artemisan ha acusado al Gobierno de hacer «oídos sordos» a sus reiteradas peticiones para que se reúnan con los cazadores y buscar acuerdos o soluciones conjuntas así como una nueva moratoria a la prohibición de cazar o pescar con fines recreativos o deportivos en Parques Nacionales, tal y como establece la Ley de Parques Nacionales de 2014, que dio una prórroga que termina este sábado 5 de diciembre a estas actividades allí donde se practicaba con anterioridad a la ley que.
«Si nadie lo remedia, mañana los Parques Nacionales dejarán de generar riqueza para costar 320 millones de euros a los españoles», alerta la entidad cinegética que estima que ese será el coste de realizar controles de población dentro de los Parques Nacionales.
Así, advierten de que desde este mismo sábado, además de ese coste los Parques dejarán de ser fuente de riqueza, creación de empleo, dejarán de fijar población en el medio rural, «en plena crisis económica mundial».
De ese modo, a menos de 24 horas de que entre en vigor la prohibición, Fundación Artemisan lamenta la «inacción» y vuelve a instar al Gobierno a que «deje de mirar hacia otro lado» urgentemente y tome una decisión «firme y valiente» que dé solución a la incertidumbre y a la situación crítica en la que quedarán desde este sábado los Parques Nacionales.
En ese sentido, lamenta que el Gobierno haya hecho «oídos sordos al clamor de una España vaciada» que con el fin a esta moratoria sufrirá un «golpe definitivo» porque perderán una de las fuentes de riqueza más importantes para los municipios del entorno de estos parques. En ese sentido, recuerda que varios ayuntamientos han aprobado mociones que piden paralizar esta medida legislativa.
La entidad señala que las poblaciones de estas áreas están ya en situación de grave despoblación, desempleo y disminución de renta, según los informes sobre la situación socioeconómica en Monfragüe y Cabañeros, elaborados por la Universidad de Extremadura, la Federación Extremeña de Caza y la Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración de Fundación Artemisan.
Por otro lado, lamentan que el fin de la moratoria se produce sin que se haya llegado a acuerdos con los propietarios de fincas, tal y como recogía la ley, y sin fijar «alternativa alguna» a la caza para la gestión de poblaciones.
Una gestión imprescindible que sumará más costes a los españoles cuando hasta ahora suponía ingresos y que, de no realizarse, además de las consecuencias económicas y sociales, añadirá estragos medioambientales precisamente en el valor más importante de los Parques Nacionales, su biodiversidad.
También se refiere Fundación Artemisan a un informe elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, la Cátedra de Parques Nacionales, en colaboración con la propia Red de Parques Nacionales, que advierte de las consecuencias de no realizar los oportunos controles de poblaciones en estos espacios protegidos.
Por otro lado, alerta del aumento de accidentes en carretera por sobrepoblación de ungulados, el aumento de daños a la agricultura o la probable aparición de enfermedades en la fauna silvestre por sobreabundancia, que supondrán un riesgo también para la fauna doméstica e, incluso, para la salud pública.
Desde hace meses, junto a otras entidades, Fundación Artemisan, mantiene reuniones con representantes políticos y con los sectores implicados para alertar de las consecuencias de prohibir la caza y asegura que varios partidos políticos ya han mostrado su apoyo a una prórroga de la moratoria y han presentado iniciativas parlamentarias sin que el Gobierno haya respondido.
Por último, recuerda que han planteado distintas alternativas a esta situación y asegura que estas propuestas tampoco han obtenido respuesta.
