El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha asegurado que las familias y los alumnos aragoneses han de estar «tranquilos» porque la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’, «no impide, ni va en contra» el desarrollo del pacto social y político en esta materia alcanzado en la comunidad autónoma.
Faci ha comparecido ante el pleno de las Cortes de Aragón, a petición de Ciudadanos, donde ha defendido la necesidad del «acuerdo» en educación, como se ha logrado en esta comunidad autónoma, para reconocer que hubiera deseado «mayor consenso» para la ‘Ley Celaá’, si bien las anteriores aprobadas por el PP solo fueron apoyadas por ese partido.
El consejero ha mencionado el pacto social por la educación suscrito en esta comunidad autónoma en 2016 por 25 organizaciones y el consenso alcanzado en marzo de 2019 en el Parlamento aragonés en las bases del pacto político por la educación «bastante alineadas con ese pacto social» previo.
La política educativa desarrollada por el Ejecutivo autonómico «ha sido desarrollar ese pacto social y político por la educación», con un incremento del presupuesto del 35 por ciento entre la pasada legislatura y ésta y con medidas para «la protección a la escuela rural», ha remarcado Faci.
Ha añadido que ha habido inversión en infraestructuras y en el profesorado de la escuela pública, «perfectamente compatible con el mantenimiento de los conciertos educativos y con esa pluralidad y libertad de elección», de forma que «el 99 por ciento de las familias escolarizan a sus hijos en un centro elegido».
Según ha esgrimido el consejero, «el único servicio público donde el ciudadano puede elegir es el educativo», algo que la ‘Ley Celaá’ «no lo limita, ni suprime, lo mantiene y se expresa así en muchas de las partes» de manera que las familias «tienen libertad de elección, la han tenido y la seguirán teniendo».
ESFUERZO COMPARTIDO
Felipe Faci ha defendido que la reforma educativa va a permitir seguir en el sistema educativo a los alumnos de más de 16 años que no hayan obtenido el título de Secundaria y ha opinado que no solo hay que hablar del esfuerzo del alumno, sino de un «esfuerzo compartido» porque «la responsabilidad del éxito escolar» ha de recaer en estudiantes, centros, docentes y administración.
En el caso de los centros de educación especial, el titular de Educación ha asegurado que son «imprescindibles», para recordar que los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acudir a un centro ordinario, a uno de educación especial o disfrutar de una modalidad combinada, pasando un tiempo en un centro ordinario y otro en uno de educación especial.
En este punto, ha aclarado que los centros de educación especial «no van a desaparecer» en la nueva ley, sino que ésta pretende que tanto los ordinarios, como especiales «tengan los recursos suficientes» para que el alumno pueda escolarizarse donde «mejor puedan progresar educativa y socialmente».
El consejero ha enumerado diferentes ámbitos de los acuerdos educativos de Aragón que están «alineados» con la nueva ley en materia de gasto público, igualdad, becas de comedor y material escolar, reducción del abandono escolar, apoyo a la orientación, apertura de centros en días no lectivos, mayor autonomía de centro, innovación, evaluación y planes de mejora, Formación Profesional, digitalización, la escolarización de cero a tres años y la participación, que «limitó la LOMCE y que esta ley recupera».
ESCUELA RURAL
Faci ha incidido en la importancia que la nueva norma da a la escuela rural ya que «por primera vez una ley educativa obliga a las administraciones a mantener abiertos los centros rurales, como hemos estado haciendo en Aragón» y aboga por «dotar a los alumnos del medio rural de los dispositivos digitales y conectividad para estar en igualdad con quienes viven en las ciudades».
Según ha esgrimido, es algo «que demandamos desde Aragón y otras comunidades autónoma», para sostener que «cerrando escuelas se cierra el medio rural». El consejero ha aprovechado para anunciar que en el currículum de Primaria y Secundaria «vamos a incorporar contenidos relacionados con la vida social, cultural y económica en el medio rural».
Además, ha continuado, la reforma también contempla que haya una «oferta educativa de FP adaptada a las circunstancias territoriales» y permite que parte el currículum de estas enseñanzas lo desarrollen las comunidades autónomas en función del sistema productivo «para que haya una empleabilidad real».
El consejero ha comentado que esta protección a la escuela rural es una aportación de Aragón, igual que, en defensa de la equidad, incluir un porcentaje de reserva de plazas para escolarizar a alumnos con necesidades educativas durante todo el curso, como se aplica desde hace tiempo en esta comunidad autónoma, al tiempo que también plantea la mejora de ratios.
Ha echado en falta «aportaciones» de los grupos parlamentarios durante este debate. «Hubiera estado bien hablar del modelo educativo y no hacer un enfrentamiento político» en el que «no voy a entrar».
CONCATENACIÓN DE ERRORES
El diputado de Cs, Carlos Trullén, ha opinado que la ‘Ley Celaá’ es una «concatenación de errores» ya que «nace sin consenso, restringe libertades y desprecia el esfuerzo del alumnado». Ha confiado en que puesto que la futura ley «da mucho margen de maniobra a las comunidades autónoma», Faci no restrinja la libertad porque «lo importante no es en qué centro se estudia, sino la calidad» y ha pedido «dar un salto» y pasar del currículum basado en asignaturas a las competencias para adaptarse «al siglo XXI».
El diputado del PSOE, Ignacio Urquizu, ha sostenido que Aragón está «en el pelotón de cabeza» en el sistema educativo, «algo estaremos haciendo bien», para considerar que hay dos modelos el de quienes «cuando alguien se queda atrás, le dejan atrás, y el nuestro, que le intentamos ayudar».
La parlamentaria del PP, Pilar Cortés, ha dicho que la nueva ley es «la primera en la historia de la democracia que se hace sin comparecencias» de la comunidad educativa y solo se ha dialogado «con los independentistas, cambiando votos por presupuestos», «mercadeando con la educación de nuestros niños» y confundiendo «lo público con lo estatal y gubernamental».
La representante de Podemos, Erika Sanz, ha defendido «priorizar la red pública porque es la que vertebra y garantiza que la educación sea para todos y todas en igualdad de oportunidades» y ha criticado el «postureo» de la oposición, que pretende «polemizar y dividir», en vez de hablar sobre cuestiones educativas.
MEDIO RURAL
La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha advertido de que la libertad de elección «no existe en el medio rural» por lo que, a su entender, se defiende «la libertad de las elites para apartar al alumnado con menos recursos» y «eso es sectarismo».
El diputado de Vox, David Arranz, ha lamentado que esta reforma sea apoyada por fuerzas políticas «a las que les importa un bledo la gobernabilidad de España», que «margine a la concertada» y ha pedido respetar las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la enseñanza en castellano.
La parlamentaria del Partido Aragonés, Esther Peirat, recordado que el pacto de investidura recoge la exigencia «de la convivencia pacífica entre la pública, la concertada y la privada», si bien la LOMLOE plantea «graves dificultades para la subsistencia de la concertada» y ha solicitado al Gobierno de España que permita «la libertad de elección».
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha rechazado las «campañas de intoxicación y agitación» en este debate legislativo, ha considerado que el carácter subsidiario de la concertada debe figurar de forma «más taxativa» porque «no pueden hacer que lo público pague una elección particular» y ha apostado por avanzar más en laicidad.
