El presidente de Vodafone España, António Coimbra, ha advertido de que si el Gobierno diseña una subasta de espectro para el 5G con intereses recaudatorio, sería «un error tremendo», ya que retrasaría los despliegues de la nueva tecnología móvil en un momento «clave» para la digitalización del país.
En la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer semestre fiscal de la compañía, Coimbra ha confiado en que el Gobierno no tenga «afán recaudatorio» en estas subastas y ha esperado que los 2.100 millones de euros que estima el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que se recaudarán con estos procesos sea un objetivo «máximo».
En este sentido, ha remarcado que desconocen aún cuales serán las condiciones de la subasta de espectro para la banda de 700 MHz, que tendrá lugar previsiblemente en el primer trimestre de 2021, pero ha indicado que desde el Ejecutivo les han trasladado que no existe en su postura «afán recaudatorio».
A este respecto, ha apuntado que los operadores han trasladado al Gobierno que están dispuestos a asumir compromisos de cobertura o ritmo de despliegue del 5G que eviten que la subasta que se convierta en otro impuesto más para las compañías del sector, que ya soportan una alta carga fiscal.
Así, ha remarcado que no han encontrado rechazo a esta petición, pero también ha recordado que puede existir distintas posturas en los diferentes Ministerios que, en su opinión, llevarán a una «fórmula salomónica» en la que haya tanto una parte recaudatorio como otra de objetivos de despliegue.
En esta línea, la directora de Legal, Regulación y Seguridad de Vodafone España, Elena Otero, ha añadido que en esas reuniones han pedido al Gobierno una subasta con condiciones de cobertura «razonables» frente a «grandes recaudaciones», porque sería lo mejor para el país.
Asimismo, ha pedido que la subasta tampoco haya discriminaciones entre operadores y todos tengan «las mismas reglas del juego», con el fin de que se estimule el perfil de operador inversor en España y se logre un estructura de mercado en la que las compañías que han tenido voluntad de desplegar puedan obtener una rentabilidad «razonable» por sus inversiones.
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
Por otro lado, Coimbra que España se encuentra en un momento «clave» en esta revolución digital en el que las infraestructuras son «críticas» y ha incidido en que no hay que dar por hecho el liderazgo de España en infraestructuras, dado que aún «queda mucho por hacer» como, por ejemplo, el despliegue de las redes 5G.
A este respecto, ha apuntado que desplegar un red 5G igual que la actual de 4G que requerirá una inversión de 5.000 millones de euros, cifra que ascendería a 10.000 millones de euros si se quieren concretar todos los casos de usos, y ha vuelto a pedir que alrededor de 2.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación se destinen a impulsar el despliegue del 5G en los próximos tres años.
El presidente de Vodafone España Coimbra ha recordado además que el mercado español es «ultracompetitivo», lo que no deja mucho margen para grandes inversiones, ya que los accionistas no dejarían que una compañía hiciera inversiones que no tengan luego un retorno de capital.
En este sentido, ha defendido que si estos fondos se asignan de la forma correcta puede darse un verdadera colaboración privada en el país que logre resultados «tremendamente positivos» en los próximos tres años y que coloquen a España en una «posición envidiable» para liderar los casos de uso del 5G.
HUAWEI Y EEUU
Preguntado por si la victoria de Joe Biden va a cambiar la postura de Estados Unidos en torno a proveedores chinos de infraestructuras como Huawei, Coimbra ha señalado que, aunque las formas será probablemente «totalmente distintas», no cree que se vayan a relajar las posiciones, ya que se trata de un enfrentamiento entre los dos países.
En este contexto, ha indicado que Europa tiene que seguir marcando su política de seguridad sin discriminar directamente a ningún fabricante y dejando claro que todos ellos, independientemente de su país de procedencia, tienen que cumplir las normas de seguridad fijadas para poder participar en el despliegue de infraestructuras europeas.
En este sentido, ha apuntado que España, a diferencia de lo que están haciendo otros países, no ha tomado ni va tomar ninguna medida extrema y está actuando con «racionalidad y con prudencia», trabajando con las autoridades europeas en unas reglas de seguridad que deben cumplir todos los proveedores de infraestructuras críticas.
