El senador de Compromís Carlos Mulet registrará este miércoles por la tarde en el Senado la ‘Proposición Ley Castor’, elaborada por el Grupo Ciudadano Caso Castor, que quiere que sea la empresa ACS y no el Estado la que asuma los costes de 1.350 millones que la sentencia del Tribunal Supremo ha fallado en favor de Banco Santander, Bankia y Caixa Bank, por el anulado proyecto de almacén de gas submarino Castor, frente a las costas de Castellón.
La iniciativa parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido elaborada por el Grupo Ciudadano Caso Castor, que está integrado por Xnet, Observatorio de la Deuda y el Instituto por los Derechos Humanos. Mulet ha anunciado que la coalición de Compromis registrará la proposición de ley que reclama que sea la empresa de Florentino Pérez la que se responsabilice por los pagos, indemnizaciones y actuaciones que son consecuencia de lo que definen como «las chapuzas de un proyecto mal diseñado y ejecutado».
La proposición de ley, según el texto, contempla que se inicie un procedimiento judicial para recuperar la cantidad abonada por Enagás a la concesionaria Escal UGS, ya que el TC anuló el contrato que generó la deuda por lo que la iniciativa opina que esta no debe recaer sobre el Estado y por extensión sobre los contribuyentes.
Además, plantea la creación de una comisión parlamentaria que revise partidas presupuestarias y el informe técnico completo del proyecto porque la iniciativa sostiene que tras revisar las cuentas de ACS, «es evidente» que puede asumir los costes que ha generado y más habiendo repartido dividendos.
También quiere que el Gobierno revise los elementos técnico-jurídicos del proyecto y determine los mecanismos para un cierre justo.
De manera simultánea quiere que se redacte un proyecto de ley para que el coste del desmantelamiento no recaiga en la ciudadanía a través de mecanismos directos o indirectos.
El texto de la proposición detalla las cuentas de la empresa española, propietaria al 66,7% de ESCAL-UGS, encargada de la construcción del almacén submarino de gas, junto con Dundee Energy, propietaria del 33,34% de ESCAL-UGS.
La citada entidad empresarial recibió la indemnización pactada en el contrato firmado con el Estado, tras la decisión del Gobierno de hibernar estas instalaciones gasistas por el riesgo sísmico existente derivado de las actividades de puesta en funcionamiento.
Tras un largo procedimiento judicial desde que se hibernó Castor en 2013, que ha terminado a finales de octubre con la sentencia del Tribunal Supremo que falla en favor de que los bancos que asumieron la deuda sean indemnizados, el grupo proponente de la proposición de Ley considera que la empresa ESCAL-UGS puede «asumir su responsabilidad».
No obstante, la iniciativa que insta a elaborar un proyecto de ley, se plantea como solución a ese pago para devolver la indemnización que se establezca un pago fraccionado anual durante diez años, mediante la venta de participaciones y desinversiones en las sociedades dependientes, a través de la liquidación de sociedades dependientes y con la reducción del reparto de dividendos.
