Ciudadanos ha alertado a la Comisión Europea de que, a través de una enmienda al proyecto de ley de educación del Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) apuestan por la «discriminación» de los alumnos cuya lengua materna es el castellano, y ha preguntado al Ejecutivo comunitario qué va a hacer para proteger los derechos de estos estudiantes.
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha registrado una pregunta dirigida a la Comisión Europea para que aclare si va a tener en cuenta esta cuestión en su próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España.
Pagazaurtundua señala que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en España han denunciado que, si esa enmienda parlamentaria se aprueba, suprimirá el carácter de lengua vehicular de enseñanza para el español, «llevando a una discriminación de los alumnos de lengua materna española» en las comunidades autónomas donde hay otro idioma cooficial.
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Según la eurodiputada, esto «vulnera el derecho constitucional a recibir la educación en una lengua oficial como es el español» y también atenta contra derechos fundamentales de los niños recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de la UNESCO y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Otro eurodiputado de Cs, Jordi Cañas, ha registrado otra pregunta en la Eurocámara para que Bruselas explique qué va hacer «para garantizar el derecho fundamental de los niños españoles a ser educados en su lengua materna y oficial de su Estado, y a su no discriminación por motivos de lengua en España».
Cañas ha indicado que la supresión del castellano como lengua vehicular en los centros educativos «viola numerosas sentencias judiciales» del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES
Estos tribunales «han resuelto reiteradamente que, en las comunidades con lenguas cooficiales, tanto el español como la lengua regional cooficial deben ser lenguas vehiculares de enseñanza, sin discriminar a los alumnos castellanohablantes como sucede actualmente», ha apuntado.
Cañas sostiene que «la constante inacción cómplice del Gobierno de España ante el incumplimiento de dichas sentencias por parte de los gobiernos autonómicos, junto con la futura modificación legislativa de la LOE contraria a los derechos constitucionales, demuestra una vez más la violación reiterada de la prohibición de no discriminación por razón de lengua».
La iniciativa pactada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC e impulsada por este último pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press aseguran que la educación en castellano estaría garantizada.
El objetivo de esta enmienda, que se someterá a votación este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso –donde se debaten las modificaciones al proyecto de ley del Gobierno–, es blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional, según quienes la promueven.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este miércoles que su partido acudirá al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa para evitar que la futura ley de educación para que no se elimine el castellano como lengua vehicular en los colegios.
